La fiscalía destapa una red de guardias civiles corruptos en la Seu d'Urgell

La Fiscalía de Lleida constata en la memoria de 2000 la existencia de guardias civiles corruptos destinados en el cuartel de La Seu d'Urgell (Alt Urgell), que supuestamente estarían aceptando sobornos de los contrabandistas de tabaco a cambio de informaciones privilegiadas. Estos datos permiten a los contrabandistas burlar fácilmente los controles policiales que se montan para impedir el paso ilegal de mercancías en la aduana hispanoandorrana de La Farga de Moles y en las pistas forestales que comunican España con Andorra.

La Fiscalía reconoce que, para desenmascararlos, intentó infiltrar a un agente para identificar a los autores de tales conductas delictivas, pero la ley no prevé la figura del topo en delitos relacionados con el contrabando de tabaco y, por tanto, el operativo no pudo activarse, según informó ayer el diario Segre. El plan habría consistido en que un agente aceptara dinero de los cabecillas de las bandas de contrabandistas para ganarse su confianza y poder descubrir la identidad de los agentes que se dejaban sobornar.

El fiscal jefe de Lleida, Martín Rodríguez Sol, explica en la memoria de 2000: 'Nos planteamos otorgar a un agente policial la condición de topo legal para que pudiera recibir sobornos y facilitar información que le permitiera ganarse la confianza de los contrabandistas para desenmascararlos y, particularmente, a los policías corruptos (ya que se conocía su existencia, pero no la identidad)'.

'En definitiva', añade el documento judicial, 'se trataba de investigar delitos de contrabando y soborno a funcionarios o prevaricación', pero el topo no llegó a actuar porque la ley que faculta al ministerio fiscal para autorizar la actuación de un agente encubierto precisa que se persiga una serie de delitos, entre los que no se encuentra ninguno de los tres mencionados. Por este motivo, se frustró la posibilidad de conocer la identidad de los agentes corruptos'.

Aduana estratégica

El máximo responsable de la Fiscalía leridana pretendía acogerse a una reforma legislativa de mayo de 1999 destinada a combatir la criminalidad organizada mediante la habilitación de la figura del topo legal. Esta figura está prevista para casos de secuestros, prostitución, delitos contra los trabajadores, tráfico de especies y de material nuclear, contra la salud, falsificación de moneda, terrorismo y contra el patrimonio histórico. No se incluye el contrabando ni el cohecho.

La aduana de La Farga de Moles, situada en la frontera entre España y Andorra, siempre ha sido un puesto estratégico bajo sospecha debido al importante negocio que representa el contrabando de tabaco procedente del vecino país. En los últimos años, la Guardia Civil ha logrado interceptar miles de alijos de tabaco, a pesar de que sus medios eran menos sofisticados que los utilizados por los contrabandistas. Algunas confiscaciones se realizaron gracias a confidencias de una banda rival. En otros muchos casos, los contrabandistas se han valido de la ansiedad de algunos agentes jóvenes por obtener dinero fácil para introducir sus cargamentos. Varias decenas de ellos fueron descubiertos y expulsados del cuerpo. El último juicio por cohecho contra un guardia de La Seu se celebró en la Audiencia de Lleida en octubre de 1999. El fiscal solicitó seis meses de cárcel y nueve años de inhabilitación para Aurelio A. R., alias el Pitufo, por hacer la vista gorda al paso por la aduana de los coches de una banda de contrabandistas. El despliegue de una unidad de élite de la Guardia Civil en la frontera con Andorra, a finales de 1997, redujo el 85 % del negocio del contrabando en la zona.