Despidos

Los anuncios de despidos masivos de trabajadores en todo el mundo, nos ha devuelto a la realidad de los ciclos económicos y de los límites al crecimiento que el espejismo bursátil de hace algo más de un año había ocultado. En el plano más empresarial, los despidos contradicen una de las máximas de la gestión de recursos humanos en los últimos tiempos: los trabajadores son uno de los activos principales de las empresas, y la creación de riqueza a largo plazo para los accionistas sólo es alcanzable con una gestión de las personas que reconozca su condición de activos estratégicos. Por último, sobre todo después de las iniciativas impulsadas por el Gobierno francés, los despidos devuelven al debate público el papel de las intervenciones administrativas en el mercado de trabajo y las relaciones industriales.

Sustraer cualquier reflexión sobre los despidos de trabajadores del drama social que crea el desempleo es muy difícil, pero con el permiso de los lectores trataré de hacerlo centrando mi reflexión en el análisis desde la racionalidad económica, es decir, desde la creación de riqueza. Propongo también que este análisis se realice bajo tres perspectivas distintas: accionistas, empresa en su conjunto y sociedad.

La eficiencia de los despidos desde los intereses de los accionistas (que no olvidemos concentran el poder último en las empresas, dentro de los límites que marca la ley y la competencia) puede ponerse en duda si la decisión sufre de cortoplacismo: los beneficios de hoy aumentan con los despidos, pero los de mañana disminuyen, de modo que la riqueza, o valor presente de todos los beneficios, es menor con los despidos que sin ellos.

Se dirá que esta situación queda descartada desde el momento en que los mercados premian los anuncios de reducción de plantilla, con subidas en los precios de las acciones que descuentan beneficios presentes y futuros. Pero si ponemos en duda la eficiencia fuerte del mercado de capitales cuando se producen las burbujas especulativas, ¿por qué hemos de aceptar como un dogma la misma eficiencia cuando se trata de poner en relación la política de personal de una empresa y la riqueza de sus accionistas?

Para el conjunto de la empresa, la racionalidad de los despidos tiene que ver con las ganancias y las pérdidas de los interesados directos, sobre todo accionistas y trabajadores. Cuando todos los recursos se retribuyen al coste de oportunidad y los mercados operan sin fricciones, la variación en la riqueza de los accionistas es un indicador correcto de la variación de la riqueza total creada por la empresa. Pero en presencia de capital humano específico o cuando se establecen políticas de retribución donde el salario crece con la antigüedad para incentivar al trabajador ofreciéndole salarios de eficiencia, la ganancia en la riqueza de los accionistas por el despido debe compararse con las pérdidas de los trabajadores, para estar seguros que se crea riqueza neta (nótese que ignoramos consideraciones distributivas o de equidad).

La sociedad en su conjunto entra en el cálculo de la racionalidad económica de los despidos cuando se crean efectos externos más allá de los que conciernen a los interesados directos: costes de movilidad familiar al buscar empleo en otro territorio; desequilibrio espacial; amplificación de los ciclos por pérdida de confianza de los consumidores; destrucción de relaciones institucionales entre patronal, sindicatos y Gobierno; riesgo moral provocado por los mecanismos de protección social establecidos.

La posible irracionalidad económica de las decisiones no siempre justifica intervenciones correctoras a través de políticas públicas; es preciso tener en cuenta también los costes y otras disfunciones que crea la intervención. Pero la lógica de la intervención, con los cálculos de costes y beneficios correspondientes por difíciles que sean, sólo puede negarse categóricamente por quienes defienden un mundo ideal donde no cabe ninguna irracionalidad apreciable. Nuestra opinión particular es que la complejidad y la dificultad del reto, no debería impedir la reflexión y el estudio sobre un mejor conocimiento de las fuentes de pérdidas de eficiencia identificadas más arriba, junto con la propuesta de iniciativas institucionales que traten de corregirlas. Muy sucintamente, creemos que el mercado de capitales y la cotización de las acciones no debe considerarse el único vehículo de comunicación entre los directivos y los accionistas de las empresas, y que las estructuras accionariales y los órganos de gobierno deben articularse para evaluar con más garantías que el mercado de capitales anónimo los activos intangibles alrededor del capital humano (piénsese, por ejemplo, en posibles contratos implícitos entre la dirección y los trabajadores).

En segundo lugar, es oportuno pensar en fórmulas de participación consultiva, sustantiva y representativa de los trabajadores que reduzcan los costes de negociación y faciliten los pagos laterales, incluso las compensaciones diferidas en el tiempo, necesarias para mantener la continuidad de la empresa sin ajustes drásticos en la plantilla, mientras la riqueza neta total sea positiva. Por último, las externalidades colectivas son, sin duda, las más difíciles de abordar, sobre todo si queremos evitar que las actuaciones reguladoras interfieran en la eficiencia ante de los interesados directos (accionistas y trabajadores). Iniciativas como la del Gobierno francés de pedir a las empresas grandes que acompañen los despidos con valoraciones de su 'impacto social y territorial' y que asuman parte de los costes de buscar otro empleo a los despedidos, deben evaluarse en el contexto de conocer mejor las consecuencias privadas y sociales de los despidos masivos y hacer que las empresas reconozcan al menos parte de los efectos externos que producen.

Vicente Salas Fumás es catedrático de la Universidad de Zaragoza.