De la Torre admite las dudas del PSOE sobre el valor del solar aportado a la empresa de limpieza

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), anunció ayer que va a pedir al Registro Mercantil una 'profundización' de la tasación que se realizó sobre la parcela municipal aportada por el consistorio a la nueva sociedad que gestionará el servicio de limpieza en la capital; una empresa de capital mixto donde el 51% de las acciones pertenece a las constructoras FCC, Dragados y Sando. La decisión se adoptó ayer en un pleno, después de que el PSOE denunciara que la parcela había sido tasada en sólo 40 millones de pesetas, a pesar de ser un solar de más de 8.000 metros cuadrados situado en un lugar privilegiado de la ciudad, una zona de expansión contigua al nuevo paseo marítimo de poniente.

El portavoz del PSOE, Francisco Oliva, se felicitó de la iniciativa y la planteó como 'una marcha atrás' del gobierno del PP, que inicialmente descalificó la denuncia de los socialistas y eludió cualquier responsabilidad al no haber intervenido en la valoración. Para Oliva, en la tasación se había obviado que un plan parcial había convertido los terrenos en urbanizables, a pesar de la calificación de zona verde del PGOU. El PSOE no ha ocultado su temor a que detrás de esta operación, además de una perdida de patrimonio municipal, se esconda en el futuro una actuación urbanística especulativa, dada la inmejorable ubicación de los terrenos y dado que los socios del consistorio en Limasa son empresas constructoras.

En torno a la empresa de limpieza, el gobierno del PP rechazó una moción de IU solicitando la creación de una comisión de investigación para esclarecer la cascada de irregularidades que en los últimos días ha denunciado esta formación política. Limasa, en su anterior etapa, fue objeto de un proceso judicial por certificar unas obras realizadas por una empresa seis meses después de abonarse. Un proceso en el que está imputada la anterior edil de Medio Ambiente, Ana Rico; el gerente de la empresa de limpieza y varios altos cargos del consistorio. Estas obras, así como otras realizadas por la misma empresa, se ejecutaron sin contrato previo. La adjudicataria además había firmado dos contratos de alquiler con Limasa, previamente a adquirir los locales que luego les arrendaba a la empresa municipal.