Los campesinos de Bolivia se radicalizan

Las conclusiones del congreso campesino boliviano, que ayer conluyó en La Paz, lejos de avanzar en la modernización del sector suponen una radicalización de las reivindicaciones indígenas y la demanda de la marcha atrás en los planes de erradicación de los cultivos excedentarios de hoja de coca, uno de los pocos logros reconocidos al país andino por los organismos internacionales. Las propuestas más duras salieron aprobadas tras varios días de maratonianas reuniones, dando un plazo de apenas una semana al Gobierno del general Hugo Bánzer para anular la base de las reformas económicas introducidas en el país a partir de 1985; de lo contrario volverían a bloquear las principales vías de comunicación bolivianas.

La asamblea reeligió como máximo lider al candidato más radical, Felipe Quispe, Mallku (Cóndor, en idioma aymara), con un pacto para integrar en su equipo al representante de la lista alternativa, Alejo Veliz. Lo que significa la conformación de la unidad sindical campesina boliviana y la garantía de una mayor fuerza de movilización y oposición al Gobierno. Esto supone, además, un avance de las tesis que reclaman la "conquista del poder político" para los indígenas. El propio Mallku afirmaba en las horas previas a la reunión que llegarían a tomar el Palacio de Gobierno y colocarían en él la whipala, bandera multicolor de los aimaras y símbolo del indigenismo.

Autodeterminación

Entre las principales conclusiones adoptadas por los campesinos en su reunión paceña están: buscar la autodeterminación de los pueblos indígenas originarios; reconstruir los territorios de la naciones originarias para recuperar el poder; reconocimiento de las autoridades indígenas con la supresión de lo cargos de alcalde, corregidores y subprefectos. De hecho se prohibe, en los nuevos estatutos de la confederación sindical, a sus delegados ser corregidor, alcalde, diputado o senador. Por contra sí se les considerará desde la siguiente asamblea "parlamentarios indígenas originarios". Todo un deafío al poder constituido al que se le reclama que restituya "el territorio a las naciones originarias de los Andes y del Oriente ".

Se reclama la involución en la política económica desarrollada desde 1985 por los diferentes gobiernos bolivianos y que, pese a las dificultades comunes al resto de países del área que sumen a la población en altos niveles de pobreza, se ha determinado como una de las más estables de la zona. Así se pide la supresión del decreto que permitió entrar a Bolivia en la economía de mercado; la vuelta atrás en las privatizaciones (con reversión de las empresas ya capitalizadas); tranferir el control de los mercados campesinos a la propia central sindical; y crear un seguro agrario y una renta de vejez a partir de los 55 años para este sector.

Pero, además, se ha acordado la "defensa unitaria de la planta de la hoja de coca, por ser patrimonio cultural milenario". Lo que implica "seguir plantado coca de por vida". Se rechazan así los planes de erradicación de cocales. Actualmente el Gobierno boliviano, tras conseguir extinguir estos cultivos en la zona del Chapare, donde se habían instalado las plantaciones para la fabricación de cocaína, persigue acabar en 2002 con la producción excedentaria en la región deYungas, al norte de La Paz.La demanda campesina va más allá y solicita la abolición e otra ley, la denominada 1.008, que persigue el control de los precursores y todo lo relacionado con el narcotráfico, incluido el lavado de dinero procedente de actividades criminales en este campo. Por contra se anima a buscar financiación internacional para la industrialización de la hoja de coca.

Las críticas a esta ley, generalizadas en los sectores rurales bolivianos, se realizan especialmente por lo que entienden como "abusos de poder hacia los campesinos". En virtud de su aplicación se han producido detenciones arbitrarias, intervenciones de vehículos, viviendas o fincas que tras la intervención judical porterior a la policial se han demostrado fuera de lugar. Incluso se llegó a incautar material para el cultivo de quinua (cereal autóctono) como si fuera a ser utilizado para la obtención de cocaina.

El congreso ha tenido lugar en uno de lo momentos más conflictivos para la sociedad boliviana con un a crisis económica que situa el paro en el 33 % de la población activa (según informes de analistas económicos), un déficit fiscal muy por encima de lo pactado con el Fondo Monetario Internacional y una mora bancaria que dificulta la operatividad de los entidades de crédito. Así las cosas, al menos cuatro marchas compuestas por campesinos que reivindican mejores condiciones de vida se encuentan a las puertas de la ciudad de La Paz, amenazando con bloquear los caminos y paralizar durante un largo periodo (el propio lider reelegido Mallku habló de 90 días) cualquier actividad del país. Llegando a provocar el desabastecimiento alimenticio, como ya ocurriera en abril y setiembre del año pasado. El Gobierno dice no estar dispuesto a permitir esta escalada, pero su propia situación se encuentra debilitada por el acoso de la oposición y la falta de propuestas que le devuelvan la credibilidad popular.