Enseñanza afirma que no cumplirá la moción porque su contenido es 'ilegal y un disparate'

La consejera de Enseñanza, Carme Laura Gil, no pudo esconder su contrariedad ante las consecuencias de la sesión parlamentaria. Su primera reacción, en los mismos pasillos del Parlament, fue negar la viabilidad de ejecutar el contenido de la moción. La consejera dudó de la 'legalidad' de algunos puntos de su contenido, concretamente el referido a la obligación de auditar todas las escuelas concertadas. 'Ya veremos si es legítimo cuando no hay ninguna denuncia que demuestre la existencia de posibles irregularidades', dijo. Gil agregó que un centro escolar concertado no puede ser objeto de una auditoría, ya que sólo se puede investigar en 'la parte de enseñanza que es objeto de concierto'.

La reserva de plazas para alumnos con necesidades especiales o de incorporación tardía durante todo el curso es 'un disparate' y 'manifiestamente ilegal', en palabras de la titular de Enseñanza, quien afirmó que no se aplicará ya que 'no se puede ir contra la ley'. En cuanto a la elaboración de un nuevo decreto de matriculación -uno de los elementos de la política de Enseñanza que más críticas ha recibido, desde las del Consejo Escolar hasta las del Síndic de Greuges-, Gil aseguró que probablemente no se lleve a cabo. 'Ya lo veremos', dijo, 'porque tal vez el que existe ahora funciona tan bien que no es necesario hacer uno nuevo'.

ERC reclamará

Entre los grupos de la izquierda que sacaron adelante la moción, las declaraciones de la consejera no hacían más que confirmar sus temores de que el Gobierno de CiU no tiene la menor intención de cumplir el mandato de la Cámara. El republicano Josep Bargalló, sin embargo, aseguró que su formación reclamará el cumplimiento de la moción, y negó que su contenido incluyera ilegalidades.

'El Ejecutivo está obligado a cumplir lo que aprueba el Parlament, pero en realidad tiene impunidad absoluta', afirma la socialista Montserrat Duch, cuya formación retiró una moción similar a la aprobada. Las declaraciones de Gil, añade Duch, 'ya muestran a las claras que no piensa cumplir la resolución. El PSC quiere que exista transparencia en la gestión de unos fondos que representan el 25% del total del presupuesto de Enseñanza'.

Tanto el decreto de matriculación como la política de conciertos de la Generalitat se baten también en otros frentes. El TSJC ha admitido a trámite sendas denuncias del sindicato USTEC-STE contra la concesión de conciertos a siete escuelas de élite que cobran a las familias mensualidades de más de 100.000 pesetas y contra el citado decreto. Este sindicato, junto a CC OO, UGT y CGT, ha convocado para el 17 de mayo una huelga en la enseñanza pública -50.000 docentes de 3.000 centros públicos- en protesta por la política de la Generalitat. Los sindicatos reclaman la mejora de las condiciones laborales del profesorado, y, según Carles Martínez, de USTEC-STE, denuncian también la 'actitud autoritaria' de Enseñanza, a la que acusa de dar 'un trato preferente al sector privado mientras mantiene una falta total de diálogo con la comunidad educativa'.