Relevo en el Constitucional de Guatemala
En medio de una creciente expectación, los guatemaltecos aguardan la primera acción de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyos titulares fueron juramentados el último sábado y tendrán que pronunciarse de forma definitiva con respecto al desafuero concedido provisionalmente por sus antecesores en contra del presidente del Congreso (legislativo, unicameral), Efraín Ríos Montt, y 23 diputados del oficialismo, acusados de alterar una ley que grava las bebidas alcohólicas y gaseosas, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con una escala hasta un 50 por cien por debajo de la aprobada en la sala.
El temor obedece, fundamentalmente, a la manera cómo se integra el TC, cuyos magistrados (cinco titulares y cinco suplentes) son nombrados para un periodo de cinco años por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad (nacional) de San Carlos y la Asamblea del Colegio de Abogados.
Aunque los nuevos titulares son, mayoritariamente, abogados de larga trayectoria, causó polémica el nombramiento del representante titular de la universidad estatal, Cipriano Soto, contra quien pesan graves acusaciones, como acoso sexual contra alumnas de la Facultad de Derecho o d e vender exámenes a estudiantes, mientras que en el tramo final de su elección se le acusó de amenazar de muerte a un candidato rival, quien finalmente optó por declinar su nominación. La guinda a esta poco edificante trayectoria la puso un diputado del riosmonttismo, Edgar Hermann, tercer Secretario del Congreso, quien al conocer el resultado de la elección del representante universitario comentó eufórico: "Estamos tres a dos" a un reportero del matutino local elPeriódico.
Ante este panorama, muchos guatemaltecos ven en la futura actuación del Tribunal Constitucional un reto a la supervivencia del Estado de Derecho en el país, seriamente amenazado por el autoritarismo impuesto por Efraín Ríos Montt, auténtico amo del cotarro político el que maneja a su antojo desde la presidencia del Legislativo. La abundancia de leyes casuísticas, aprobadas sin más objeto que hacer valer su voluntad, son una prueba evidente del escaso respeto que Ríos siente por la legalidad.
Fallo decisivo
Así las cosas, la primera decisión de los magistrados que ayer iniciaron su gestión podría ser definitiva tanto para la supervivencia del propio Tribunal Constitucional como para el futuro del débil proceso democratizador de Guatemala, incapaz, hasta la fecha, de ir más allá de convocar a elecciones generales cada cuatro años y respetar la voluntad del votante en las urnas. Si como temen algunos, el TC se pliega a los intereses del Gobierno, Ríos habrá dado un paso importante en la destrucción del Estado de Derecho, al anular el prestigio de una entidad creada por la Constitución de 1985 para la defensa del orden constitucional y que escribiera una página gloriosa en 1993, al impedir los intentos dictatoriales del ex presidente Jorge Serrano, quien en esa fecha intentó, sin éxito, practicar un fuji-golpe en este país centroamericano.
"Si los nuevos magistrados tienen entereza moral, confirmarán el fallo respecto al caso de la adulteración ilegal y corrupta de la ley del impuesto a las bebidas alcohólicas. Al hacerlo, el TC se librará de la ignominia. Si triunfa la mayoría oficialista, la institución quedará reducida a un apéndice de los intereses del riosmonttismo, integrado por políticos inescrupulosos dispuestos a eliminar todo balance de independencia de poderes", editorializaba ayer el influyente matutino Prensa Libre, recogiendo el sentir generalizado de la población.
La preocupación es compartida por diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. "Esperamos que los magistrados rompan cualquier nexo con el organismo o entidad que los eligió y trabajen con total independencia", dijo Juan Pablo Arce, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECP). "Si tenemos un TC independiente, podremos garantizar una Corte honorable y regida por la ley, que es lo que todos esperamos", comentó Eleonora Morales, del grupo humanitario Madres Angustiadas.
Cae el prestigio de los mandatarios
Un trago amargo esperaba a los gobernantes a su retorno de las vacaciones de Semana Santa. Ayer, el matutino Prensa Libre, el más influyente del país, publicó su encuesta trimestral con respecto a la percepción que los guatemaltecos tienen de sus gobernantes. La muestra, realizada en todo el territorio nacional durante los días 30 de marzo y 9 de abril, con un margen de error de más o menos 3 por cien, nos muestra a un presidente, Alfonso Portillo, "impopular, incumplido, débil y aislado", apenas 15 meses después de haber asumido el poder en loor de multitudes, el 14 de enero de 2000.
Para el 80% de los encuestados, Portillo es un mandatario débil; el 68% opina que sus decisiones son malas, 6 de cada 10 opinan que el aislamiento a que es sometido por las roscas de poder lo mantiene aislado de la realidad nacional y un 60% afirma que el mandatario no cumpliría con los compromisos asumidos en un eventual diálogo nacional destinado a buscar soluciones a la problemática por la que atraviesa el país.
Ríos Montt, quien con su lema de "no robo, no miento, no abuso" se presentó ante el electorado como la reserva moral de un país consumido por la corrupción, no lo tiene mejor. 85 de cada 100 afirman que el viejo general dice mentiras; el 84% está convencido que Ríos Montt abusa del poder y un 82% cree que está involucrado en actos de corrupción.
Con ello se opaca la estrella de un polémico general que creó un partido a su imagen y semejanza y que logró sobrevivir políticamente a los graves señalamientos de violador de los derechos humanos recogidos en los informes Guatemala, Nunca Más, del malogrado obispo Juan Gerardi, y Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, pero que está empecinado en mantenerse en la Presidencia del Congreso, a cualquier costo.
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