Telefónica congela las llamadas locales hasta 2003 para compensar la subida del abono

La propuesta que llevarán a la Comisión Delegada los ministerios de Economía y de Ciencia y Tecnología, pendiente de los últimos retoques, supone una revisión del sistema aprobado en julio del año pasado que establecía un régimen de precios máximos (price cap o cesta de precios), referenciados a la inflación prevista.

El nuevo sistema obliga a Telefónica a bajar un 2% (4% menos el IPC previsto) los precios del conjunto de los servicios telefónicos durante 2003, ampliando en un año el sistema vigente que obliga a la operadora a reducir las tarifas durante los ejercicios 2001 y 2002 un 7% y un 6%, respectivamente. Con esta fórmula, el Gobierno quiere compensar la subida de la cuota de abono a que le han obligado las autoridades comunitarias, atendiendo una denuncia de Telefónica contra el Gobierno español.

A cambio de la retirada de esa denuncia, el Ejecutivo autorizará una subida progresiva de la cuota de abono, actualmente fijada en 1.642 pesetas, de acuerdo con el siguiente calendario: 1.742 pesetas a finales de 2001; 1.942 pesetas en 2002 y 2.100 pesetas en 2003.

Quedaba ahora restablecer el reequilbrio en el sistema de forma que el conjunto de la factura telefónica media no tuviera un repunte para lo que el Gobierno barajó la posibilidad de aumentar las rebajas ya pactadas para los años 2001 y 2002, o forzar nuevas reducciones en 2003.

Al final ha optado por la segunda solución, pero introduciendo algunas novedades importantes. Así, para el 2003, Telefónica no podrá aumentar la cuota que cobra por dar de alta una línea y, la novedad más importante, las llamadas locales también deberán seguir congeladas en ese año (tampoco pueden subir ni en 2001 ni en 2002 según el actual marco de tarifas).

Otra de las modificaciones relevantes es que las llamadas de fijo a móvil, que tienen que bajar un 13% este año y otro 13% el que viene, no podrán tampoco subir durante 2003. El Ejecutivo impondrá también la obligación a las operadoras para que repercutan al usuario final las reducciones que puedan experimentar los precios de interconexión es decir, lo que les pagan a las operadoras de móviles por utilizar su red, donde terminan las llamadas.De esta forma, se quiere evitar el conflicto surgido en enero, cuando Telefónica Móviles anunció una rebaja de sus precios de interconexión pero se negó a aplicarla a Amena, alegando que este operador no trasladaba a sus abonados dicho descuento.

La propuesta también modifica ligeramente la propuesta sobre reducción de llamadas de larga distancia de forma que no podrán bajar más del 50% en 2001 y más del 55% en 2002, imponiendo sólo la obligación de que no suban en 2003.

En pie de guerra

No obstante, la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (ASTEL), que agrupa a más de 35 compañías, se ha puesto en pie de guerra contra esta modificación tarifaria puesto que, a su juicio, concede una gran libertad a Telefónica para aplicar bajadas de tarifas y descuentos sin ningún control, lo que la operadora puede aprovechar para llevar a cabo una política comercial agresiva de fuertes rebajas que sus competidores no puedan seguir, sacándoles del mercado.

Una de las principales quejas se refiere a la cláusula que permite a Telefónica variar en un 15% un plan de descuento existente con una mera notificación sin necesidad de tener que contar con la autorización previa del Gobierno, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, como ocurre actualmente.

Otro de los elementos en los que el Ejecutivo pretende reducir los controles son los bonos especiales de acceso a Internet y algunos paquetes de servicios, cuya modificación tarifaria tampoco requerirá ahora de autorización previa.

Astel critica también que Telefónica sólo esté obligada a hacer públicas las tarifas básicas que, en realidad casi ningún ciudadano paga, en lugar de publicar las tarifas reales que aplica, incluyendo planes de descuento y paquetes de servicio.

Asimismo, critica la reducción de 15 a 10 días del plazo que tiene la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones para estudiar las propuestas de nuevas tarifas de Telefónica.