El poder andaluz en una nueva época

¿Qué hay detrás de este renacer de localismos y provincianismos? Cuando hablamos del neoliberalismo y la globalización tenemos claro que uno de sus postulados esenciales es la puesta en cuestión de marcos políticos reguladores y redistributivos. Quizá tras esta ofensiva, convenientemente aireada de provincianismos y localismos se esconde la búsqueda, de ciertos poderes andaluces, de un marco más adecuado a sus 'nuevos intereses', fundamentalmente en el terreno de la ordenación del territorio, los proyectos urbanísticos y la prestación privada de servicios. Esto no se hubiera producido sin el agotamiento de un modelo de poder andaluz basado en el clientelismo y en la pura gestión de competencias. Quizá es hora de revisar el funcionamiento de la autonomía andaluza y, sobre todo, su utilidad para la protección del 'interés público'.

Es un hecho evidente que Andalucía conquistó su autonomía, pero se elude plantear frente a quienes. ¿Eran UCD y AP (ahora PP) quienes no querían la autonomía para nuestra tierra? Y, en todo caso, ¿qué intereses representaban y por qué?

Está claro que las grandes manifestaciones autonomistas de 1977 estaban llenas de hombres y mujeres 'del pueblo', hartas del paro y la emigración, de los bajos salarios y del poder de los terratenientes andaluces; a su lado, intelectuales y clase media que querían una regeneración andaluza, preveían posibilidades enormes de desarrollo, se rebelaban ante un tipo de sociedad controlada, adormecida y manipulada.

¿Quiénes eran esas gentes, representadas políticamente por AP y UCD que se opusieron con ahínco a la autonomía andaluza? Sin duda estaban los terratenientes y empresarios andaluces que veían el fin de su caciquil reinado, pero también una gran parte de las clases media y alta que veían peligrar su status, su prestigio, a manos de ese pueblo al que no dejan de ver como 'cateto y falto de preparación' y con el que se niegan a mezclarse. Para ellos no había más capital que Madrid ni más aspiración que el mantenimiento de la estructura social. Completaban esta mitad de Andalucía los asustados por el ruido de sables que, en la trastienda, se gestaba en los años de elaboración del estatuto.

Pero desde entonces hasta esta fecha las cosas han cambiado mucho. La derecha antiautonomista andaluza ha ido aceptando el autogobierno andaluz. Por desgracia no ha sido un proceso determinado por la hegemonía de las ideas de cambios económicos, sino todo lo contrario. Han contemplado la templanza de los cambios, han sido testigos gozosos (casi sin su intervención) de la desaparición del empuje reformista de los primeros años. La reforma agraria feneció a manos de la falta de decisión política y de la política agraria comunitaria, el resto de las reformas fueron aplacándose hasta desaparecer. Por otra parte, el evidente empuje de las infraestructuras y del nivel de vida no han molestado, sino al contrario, a los sectores 'más activos' de nuestra economía: los servicios y la especulación urbanística, que han sido, además, agraciados por el desarrollo desigual de las inversiones que hoy denuncian.

La autonomía andaluza ha sido útil e inútil para el pueblo que la conquistó. Útil para casi acabar con la emigración, para aumentar su nivel de servicios en una primera etapa (ahora estancada), para subir el nivel de vida. Inútil para la creación de empleo, para la transformación del papel terciario y dependiente de Andalucía, inútil para la intelectualidad, para la creación y para la pequeña empresa andaluza. El balance, pues, es de moderada insatisfacción.

En medio de este proceso irrumpe la globalización y las propuestas neoliberales con nuevas formas de producción y de relaciones sociales, superpuestas a intereses especulativos y terciarios de nuestra economía. ¿Para qué quieren la autonomía, e incluso más lejos, para qué quieren el poder político en general?

El localismo cobra así un nuevo sentido: librarse de poderes reguladores u organizadores que molestan su actividad y sus capacidades de expansión. Málaga contra Sevilla mejor que leyes ambientales. Granada contra Málaga mejor que equilibrio territorial. Tiburoneo de fusiones bancarias mejor que inversión social de los beneficios.

En este marco ese reino de 'las ciudades' que nos prometen (que nada tiene que ver con nuestro sistema de ciudades ni con el desarrollo del municipalismo) se vuelve sospechoso y opaco. Apunta la formulación de ámbitos de decisión más influeciables, más débiles, más necesitados de la financiación extraordinaria de las recalificaciones y de las actividades especulativas.

Estas demandas localistas o provincianas, abanderadas por 'los poderes locales' consiguen consensos diversos más o menos comprometidos: fuerzas políticas de distinto signo, sindicalistas, poderes financieros, empresarios y hasta la Iglesia.

Ante todo esto es necesario preguntarse ¿cuál es la razón de que gran parte de los que formaron parte del bloque autonomista participen hoy de estrategias localistas y de confrontación? Posiblemente, la existencia de desequilibrios territoriales de difícil explicación y regadas de sinrazones como las inversiones millonarias realizadas en Sevilla (de las que no son responsables los sevillanos que sufren niveles de paro superiores a la media y unos servicios públicos de inferior calidad), la incompetencia de la autonomía para resolver los problemas esenciales de paro y discriminación y la centralización política de todos los poderes en el Gobierno andaluz sin crear instrumentos intermedios como las comarcas ni dar a los municipios un papel en la planificación económica, territorial y de servicios de la comunidad.

Ante esto, no sirve de nada quejarse ni invocar la unidad andaluza. Las declaraciones huecas del presidente de la Junta son rituales frente a unos alcaldes que se juegan el puesto o el acceso al poder ante los medios locales y los poderes que allí dominan. Sirven nuevas ideas y proyectos para Andalucía, sirve la revitalización de la autonomía, la atención a las nuevas demandas y la resolución de viejos problemas.

El poder andaluz debería ser una garantía no sólo de crecimiento económico sino de reparto social, de calidad de servicio público, de políticas activas de empleo y fomento económico, de freno eficaz frente a los intereses especulativos, de defensa de la naturaleza y de desarrollo sostenible, de igualdad de géneros, de nuevos valores convivenciales y sociales. El proyecto puramente clientelar y de gestión del actual Gobierno andaluz está agotado. Su inactividad e ineficacia es sintomática del sueño eterno en que los poderes financieros y especulativos quieren sumir al poder político andaluz. Para salir de esta situación sería necesario volver a construir una convergencia de sectores populares interesados en un nuevo impuso autonómico y en torno a un nuevo proyecto de cambio mucho más activo, participativo, crítico y transformador de la realidad andaluza.

Concha Caballero es portavoz adjunta de IU en el Parlamento de Andalucía y coordinadora de IU en Sevilla.