ETA extiende su chantaje a empresarios de Castilla y León

La banda terrorista ETA ha extendido la extorsión del llamado impuesto revolucionario a Castilla y León mediante el envío de cartas amenazantes en las que se exige a empresarios que paguen entre 10 y 50 millones de pesetas, según informaron fuentes policiales. Esta campaña se produjo hace unas semanas y los etarras se dirigieron a varios empresarios de las provincias castellanas más cercanas al País Vasco, sobre todo de Burgos. Las citadas fuentes añadieron que varios extorsionados han presentado denuncia.

Las fuerzas de seguridad han comprobado la autenticidad de las cartas, debido a que en ocasiones son otro tipo de delincuentes quienes han enviado textos extorsionadores haciendose pasar por terroristas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, dijo que no tenía constancia oficial del hecho, pero que adelantaba su apoyo a las víctimas.

ETA no ha dejado de chantajear al empresariado, bajo la amenaza de tomar represalias contra sus bienes y su familia, ni siquiera durante la tregua, que duró 15 meses. Tras el alto el fuego, iniciado el 18 de septiembre de 1998, los etarras retomaron con más fuerza la reclamación del impuesto revolucionario porque, según fuentes de la lucha antiterrorista, la recaudación de la banda había descendido ante la negativa a pagar de muchos empresarios.

Acoso

El acoso se redobló tras la ruptura de la tregua, el 3 de diciembre de 1999, y culminó con el asesinato, el 8 de agosto pasado, del empresario guipuzcoano y presidente de la patronal Adegi, José María Korta, mediante la colocación de un coche bomba en la puerta de su empresa.

La ofensiva siguió. En la noche del pasado 25 de junio, ETA hizo estallar otro coche bomba en Neguri, el barrio de Getxo que aloja a numerosos representantes del mundo financiero vasco. Poco después, los terroristas extendieron sus extorsión a empresarios navarros, madrileños y a los de Baleares que contribuyeron a financiar el nuevo yate del Rey. Dichas amenazas fueron reivindicadas por ETA en los comunicados donde asumía la autoría de otros atentados.

En los últimos meses del pasado año, los terroristas chantajearon también a profesionales liberales de la provincia de Vizcaya, a los que reclamaron entre cinco y 20 millones de pesetas.