La Sindicatura bloquea su informe sobre Turismo, en el que aprecia posibles delitos

El informe fue encargado en junio de 1998 y, a pesar de estar concluido, se mantiene bloqueado sin que haya entrado en el Parlament de Catalunya, que es la máxima autoridad a la que informa la Sindicatura y la que encargó la auditoría. Recientemente, el consejero de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, Antoni Subirà, desveló algunos aspectos de este análisis y afirmó que del resultado del dictamen de la sindicatura dependería que la Generalitat actuara judicialmente ante las supuestas irregularidades de la entidad de carácter público. Finalmente, ayer se supo que Subirà ha ordenado que la Generalitat se persone en la causa penal abierta por el caso, lo cual no se había hecho hasta ahora.

24 votaciones frustradas

La circunstancia de que el informe de la Sindicatura se haya alargado durante dos años y ocho meses y que sus conclusiones aún no hayan sido remitidas al Parlament, está estrechamente relacionada con la grave crisis que padece la Sindicatura, cuya actividad se encuentra paralizada al ser incapaz de elegir a su primera autoridad. Montserrat de Vehí, candidata patrocinada por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha fracasado en 24 votaciones para conseguir ser la síndica mayor, a pesar de que los síndicos elegidos a propuesta de CiU y del PP son mayoría en la Sindicatura.

El Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona investiga, desde principio de 2000 las irregularidades en el Consorcio de Turismo y mantiene imputado al militante de UDC y ex director del ente público Joan Cogul por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y negociación prohibida a funcionarios.

Las conclusiones del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el Consorcio de Turismo son muy significativas. Mientras tanto, ayer mismo, los votos de CiU y el PP impedían en el Parlament -una vez más- que se abriera una comisión de investigación sobre la gestión del Consorcio de Turismo.

La Sindicatura ha advertido 'incumplimientos de la normativa, no representatividad de las cuentas y deficiencias de gestión, administración y control interno' del ente público. Los síndicos advierten que el Consorcio de Turismo está sometido al ordenamiento jurídico público y al privado y que, 'contrariamente a eso, hasta 1995 actuó como si fuera un ente de derecho público sometido exclusivamente al ordenamiento jurídico privado'.

El informe de la Sindicatura advierte que se aumentaron los gastos del consorcio y se concentraron sobre un número reducido de proveedores 'como Estrategias y Servicios, Alstock, Indubasa, Fernando Pavía, Publiobjeto, Spot Agencia de Publicidad General, Dipsa, Viatges Montesol, Big Stone, Ecotur, Sun Big, Assessorament i Consulting CGI, Emili Terradellas, Gesa Serveis Turístics, Bewetour, Stone Up, Alexandre Betoret, Serviturisme y Bewerly Escola d'Idiomes. Esta última empresa estaba dirigida por la esposa de Joan Cogul, director del consorcio en aquel periodo'.

La Sindicatura afirma que se ha prescindido 'como norma general' de la Ley de Contratos del Estado; 'no se preparaban expedientes de contratación' ni se planteaban a los contratistas las exigencias legales para operar con la Administración pública. La Sindicatura no entra a analizar la desaparición en el consorcio de más de 2.800 expedientes contables de los años 1990 y 1991, que Iniciativa per Catalunya (IC) denunció en febrero del 2000.

En su análisis, la Sindicatura se sorprende de que el consorcio contratara 'personal de forma directa, sin publicidad, ni concurrencia'; o de la existencia de pólizas de crédito suscritas por el consorcio, 'sin acuerdo previo del Gobierno de la Generalitat, como es preceptivo'.

Pagos fuera de control

Los mecanismos de pago del consorcio -que recuerdan a los de una caja B- son, de acuerdo con la auditoría, 'poco controlables'. A veces, los pagos se fragmentaban para continuar dentro de las competencias de Cogul, y mientras que los proveedores en general debían esperar 12 meses para cobrar, unos pocos 'eran pagados al contado'. La esposa de Cogul y un grupo de empresarios vinculados a Unió Democràtica de Catalunya (UDC) están imputados en la causa penal del juzgado número 11 de Barcelona. Algunos de estos militantes han tenido relación empresarial con el hasta hace pocos días secretario de organización de Unió, Josep Sánchez Llibre. El ex director de la comisión ejecutiva Alexandre Betoret dimitió de su cargo 'y continuó relacionado con el consorcio, realizando estudios de mercado por los que facturó 78,2 millones de pesetas entre 1992 y 1995'. El mismo juzgado investiga una presunta desviación de dinero mediante el pago, por parte del consorcio, de estudios e informes que se encargaban a varias empresas y que han resultado plagiados de otros del Ministerio de Comercio o que no han podido ser localizados. La Sindicatura destaca un convenio con PGA European Tour, entidad dedicada a la promoción del golf, que comprometía al consorcio a pagar 132 millones de pesetas entre 1995 y 1998. Luego, en febrero de 1996, 'se dejó sin efecto por falta de disponibilidad económica', según decisión del propio Subirà.

En la auditoría se advierte que el centro de promoción turística de Moscú, autorizado para emitir visados a turistas rusos que visitan España, 'recauda por esta prestación cinco dólares norteamericanos, los cuales no han sido ingresados en ninguna cuenta restringida, ni registrados contablemente ya que son compensados con gastos del centro de Moscú. De esta manera, el consorcio incumple de forma clara el principio de registro', afirma la Sindicatura.

Respecto al centro en París, llamado La Maison de la Catalogne, que incluye un servicio de restaurantes y tienda, incluye adjudicaciones de obras 'que han sobrepasado en un 100% el presupuesto inicial'.