Falta de legitimidad

Hace un par de meses, tras la firma del pacto por las libertades y contra el terrorismo suscrito por el PP y el PSOE en diciembre del año pasado, el portavoz de la Conferencia Episcopal, sin que quedara claro si se le había solicitado formalmente por el Gobierno a dicha Conferencia Episcopal que se sumara o no al pacto, emitió un comunicado en el que rechazaba de manera tajante tal posibilidad.

La nota del portavoz episcopal fue criticada por el Gobierno de la nación en unos términos realmente sorprendentes por su tono descalificador. No creo que nadie haya oído a Mariano Rajoy pronunciarse de la manera que lo hizo en ese incidente.

Me pareció en aquel momento que la iniciativa de aproximación a la Iglesia Católica no era oportuna y que la Conferencia Episcopal tenía todo el derecho a no pronunciarse sobre un pacto de naturaleza política, con la finalidad de dar respuesta a un problema político, como es la lucha contra ETA. El Gobierno español no debe desconocer que es el Gobierno de un Estado no confesional y que, por muy intenso que sea el peso de la Iglesia Católica en la sociedad española, no se debe nunca intentar hacerla intervenir en política. Aunque se trate de una iniciativa política que tiene por objeto fundamentalmente la defensa del derecho a la vida. El Estado constitucional tiene que hacer política haciendo abstracción de la presencia de la Iglesia Católica. En ningún caso puede invitarla a intervenir. Y en ningún caso debe consentir que intervenga.

Por eso me pareció mal la aproximación del Gobierno a la Iglesia Católica en aquel momento y no me pareció mal la reacción de la Conferencia Episcopal, aunque tal vez se hubiera podido hacer en un tono distinto. Pero ese era un riesgo que corrió el Gobierno por hacer lo que no debía. La mera aproximación a la Iglesia en un asunto de naturaleza política era impertinente. La Iglesia no puede ser equiparada con los sindicatos, con la CEOE, con Basta Ya o con el Foro de Ermua. Intentar conseguir el máximo apoyo social a una iniciativa política en un terreno como éste es sumamente oportuno. Intentar conseguir apoyo religioso es un disparate. De ahí que no se le pueda reprochar a la Iglesia Católica que rechazara la aproximación que se le hacía y que lo hiciera en los términos en que lo hizo. En este caso, en el pecado el Gobierno llevaba la penitencia.

Me he acordado de esta reacción del portavoz episcopal en aquel momento al leer la reacción del obispo de Granada, Antonio Cañizares, a la iniciativa del grupo parlamentario socialista de presentar una proposición no de ley, con la finalidad de instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley para regular 'los derechos a la información y a la autonomía de los pacientes y el derecho a morir dignamente'.

No es mi intención en este momento entrar a valorar el contenido de esta iniciativa y, en particular, la oportunidad de la misma. No deja de resultar extraño, en todo caso que, siendo el grupo parlamentario socialista el grupo mayoritario en la Cámara, haya hecho uso de la técnica de la proposición no de ley. Si realmente dicho grupo parlamentario considera que ha llegado el momento ya de abordar este problema, debería haber presentado una 'proposición de ley'. La proposición no de ley es un recurso de la minoría opositora más que de la mayoría gubernamental. Cuando se hace uso de ella por la mayoría, se tiene la impresión de que no se va en serio. Y este es un tema en que se debe ir en serio.

Pero, insisto, no es sobre esto sobre lo que quiero pronunciarme, aunque me interesa mucho no sólo personal sino también profesionalmente. Tanto que uno de los cursos del programa de doctorado del Departemento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla está siendo dedicado al análisis de este problema y de las respuestas que se le están dando en los países de nuestra cultura política y jurídica.

Pero es a la reacción del obispo de Granada a la iniciativa parlamentaria socialista a la que quiero referirme. La atribución a dicha inicitiva de una posible legalización de 'un homicidio', aunque sea 'de manera encubierta', así como la referencia en este contexto a la 'violencia terrorista', como si pudiera establecerse algún tipo de comparación entre una iniciativa parlamentaria y la actuación de ETA, es realmente inaceptable.

¿Cómo es posible que un obispo de la Iglesia Católica pueda pronunciarse en esos términos? ¿Puede desconocer monseñor Cañizares que desde hace bastantes meses los parlamentarios autonómicos y concejales del PSOE y del PP están en el punto de mira de ETA como objetivos prioritarios? ¿Puede compararse desde algún punto de vista un acto terrorista con el ejercicio de una competencia constitucional?

La Iglesia Católica tiene todo el derecho del mundo a no dejarse arrastrar por los poderes públicos a un terreno de naturaleza política. Y tiene también todo el derecho a hacer saber a la opinión pública en general y a la comunidad católica en particular cuál es su opinión sobre una determinada iniciativa política. Nadie puede negarle su derecho a discrepar públicamente de una actuación gubernamental o parlamentaria y más cuando tal iniciativa incide en lo que la Iglesia considera que es un territorio en el que tiene que hacer oír su voz de manera irrenunciable, como es el de la eutanasia.

Pero tiene que hacerlo de manera limpia. No se puede tolerar el juego sucio, especialmente cuando se carece de legitimidad para ello. ETA está matando parlamentarios y concejales del PSOE y del PP. Todavía no ha matado a ningún sacerdote. Y ojalá que no lo mate nunca. Los sacerdotes no necesitan llevar escoltas ni mirar debajo del coche antes de ponerlo en marcha. Los concejales y parlamentarios del PP y del PSOE sí. Y estamos viendo el drama que eso supone. Equiparar una actividad legítima de las víctimas con la actividad de sus verdugos es un golpe bajo que no puede ser aceptado en ningún caso, pero menos cuando procede de una autoridad eclesiástica. El lenguaje ambiguo sobra cuando de terrorismo se trata. Y esto vale para todos.