La Audiencia suspende la orden de desalojo 'inmediato' de los 'okupas' de Cabestreros

Los okupas, a través de su abogado, Endika Zulueta, plantearon a la sección 15ª de la Audiencia que 'se había vulnerado su derecho a la defensa porque no se les había permitido formular alegaciones a la petición de desalojo presentada por el propietario del inmueble'. También expusieron que, según su criterio, al haber un diputado regional de IU que les ha apoyado autoinculpándose, es el Tribunal Superior de Justicia -y no la Audiencia ni el juzgado número 43- el competente para llevar esta causa.

La Audiencia ha dado un plazo de cinco días a todas las partes (propietario y okupas) para presentar sus alegaciones, y, mientras, el Tribunal Superior debe decidir también si es competente en este caso.

El miércoles por la tarde cerca de un millar de personas, entre ellas varios diputados regionales y concejales de IU, miembros de Ecologistas en Acción y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) celebraron una manifestación festiva por las calles de Centro para protestar contra este desalojo. También apoyaron la protesta agrupaciones de inmigrantes senegaleses y marroquíes y la asociación de vecinos La Corrala.

Todas estas entidades, en especial IU, que tiene representación política en las instituciones, van a intentar que responsables del Ayuntamiento y la Comunidad, ambos del PP, se reúnan con portavoces de El Laboratorio II para buscar una solución. Tienen presente que el Gobierno regional ha cedido un local suyo a otro proyecto autogestionario, aunque de mayor tradición y reconocimiento público, como es la Escuela Popular de Prosperidad, también amenazada de desalojo de un local del Arzobispado.

Critican que se elimine de Lavapiés 'un proyecto de autogestión cultural' y que se aplique el Código Penal (que castiga la okupación con multas de tres a seis meses sustituibles por arresto de fin de semana en caso de impago) a sus promotores. También denuncian que las instituciones hayan permitido al dueño del edificio tenerlo inutilizado durante 22 años 'en un barrio con tantos problemas de infravivienda'.

Local de reunión

Todos ellos destacan que El Laboratorio II ha servido de local de reunión para asociaciones de inmigrantes y de vecinos y que en él se han celebrado numerosas actividades: talleres de vídeo, jornadas sobre temas diversos (precariedad, Ley de Extranjería...), cursos de cocina, teatro y tai-chi, ensayo de grupos musicales... En el edificio, con 12 viviendas, residen cerca de una treintena de jóvenes.

La causa penal contra El Laboratorio ha sido objeto de diversas decisiones judiciales contrapuestas. La misma juez que decretó hace una semana el desalojo archivó hace 15 meses la causa penal abierta contra estos okupas por considerar que no cometían delito alguno al usar 'un inmueble abandonado durante dos décadas'. El propietario del edificio recurrió entonces a la Audiencia, que ordenó reabrir la causa penal y desalojar a estos jóvenes. Sin embargo, la propia Audiencia dijo 'tener reservas frente a la opción legislativa de criminalizar estos actos'. Ahora se ha producido una nueva vuelta de tuerca.

De las 400 personas que se autoinculparon como okupas en apoyo a El Laboratorio, entre ellas el parlamentario Sanz, la entonces diputada nacional de IU, Ángeles Maestro, y el cantautor Quintín Cabrera, el juzgado 43 citó a declarar a 300.

Éste es el segundo desalojo que pende sobre El Laboratorio. El primero se produjo el 22 de diciembre de 1998, cuando estas mismas personas llevaban okupando (desde la primavera de 1997) una antigua sede del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), vacía durante cuatro años en Embajadores, 68. Tras la expulsión de los jóvenes, el bloque se derribó y ahora permanece lleno de cascotes y excavadoras mientras el Ayuntamiento desarrolla la operación del Casino de la Reina (una zona verde, un aparcamiento y un centro social).