El fiscal dice que no fue negligente la protección de Luis Portero

La Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordó ayer, por sólo tres votos de diferencia, archivar las diligencias informativas abiertas a raíz del asesinato el pasado día 9 de octubre del fiscal jefe Luis Portero, dos meses después de que reclamara una escolta personal ante las evidencias de que se encontraba en el punto de mira de los terroristas de ETA.

La mayoría de los fiscales considera que no existen indicios de delito por parte de las autoridades policiales y gubernativas a tenor de las pruebas practicadas durante la instrucción de las diligencias.

Sin embargo, nueve de los 21 fiscales que forman la junta de la fiscalía apoyaron el envío del resultado de la investigación y de los testimonios obtenidos a un órgano jurisdiccional, posiblemente a la Audiencia Nacional, para que tomara la decisión definitiva. Portero solicitó protección personal a la Jefatura de Policía de Andalucía oriental un mes antes de su asesinato. Poco antes, en agosto, un juez de Granada abrió unas diligencias después de que el conductor de un coche oficial denunciara haber visto merodeando por la sede del tribunal a individuos sospechosos.

Las autoridades gubernativas, sin embargo, se limitaron a incluir a Luis Portero dentro de un dispositivo de contravigilancia, que no impidió que dos pistoleros de ETA lo mataran de un par de disparos en la cabeza en el portal de su domicilio. La familia de Luis Portero reaccionó con indignación y preguntó cómo el presidente del Tribunal Superior de Justica de Andalucía sí contaba con escolta personal y el fiscal jefe no.

La fiscalía abrió a continuación unas diligencias informativas e interrogó al subdelegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, y al anterior jefe de Policía de Andalucía oriental, Enrique de Federico, entre otros responsables de la seguridad de cargos públicos.