Afectados por la huelga de limpiadoras en Sanlúcar exigen que se abran las clases

El gobierno municipal adujo ayer que los encuentros con las huelguistas se han desarrollado 'bajo una gran presión' para los concejales y el alcalde del municipio, el popular Juan Rodríguez, quien comparó los incidentes del sábado en el Consistorio con 'un secuestro'.

Rodríguez compareció ante los medios de comunicación cubriendo sus ojos con unas gafas de sol y con el brazo en cabestrillo como consecuencia, según su relato, de los golpes recibidos cuando abandonó el pasado sábado el edificio del Ayuntamiento con una fuerte escolta policial.

El gobierno sanluqueño puso ayer tres premisas para retomar las negociaciones con las trabajadoras del servicio de limpieza: libertad y seguridad personal para los miembros de la mesa, la presencia de miembros del comité y la junta del personal del Ayuntamiento de Sanlúcar y el acceso de los medios de comunicación a las reuniones convocadas para poner fin de la huelga.

En un comunicado hecho público en la tarde de ayer, anunciaban la suspensión del contacto previsto 'al no haber sido aceptadas estas condiciones por el responsable provincial de UGT a nivel , Carlos Dorante'. El representante sindical, por el contrario, desmintió que se hubiera fijado una nueva reunión y acusó a Rodríguez de 'no haber querido negociar nunca'. Dorante matizó que UGT fue la primera en pedir la presencia de los medios de comunicación en las negociaciones y abogó por reunir a la comisión negociadora salida del pleno municipal. Para el secretario provincial de UGT, 'el alcalde mantiene secuestrada a la democracia en Sanlúcar mientras no aplique lo aprobado por el pleno'.

Por su parte, las asociaciones de padres seguían clamando ayer por el derecho de sus hijos -son unos 5.000 los alumnos afectados-a recibir una educación digna y en condiciones. Representantes de las APAS de los 13 colegios clausurados mantuvieron ayer un encuentro con la delegada de Educación, Pilar Sánchez, tras el cual manifestaron sentirse 'avergonzados y sorprendidos' por la 'pasividad' que, a su juicio, han mostrado tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía a la hora de frenar las graves consecuencias académicas que puede acarrear para los alumnos tal número de días sin clases, que en algunos centros es de ocho días. 'Hemos exigido que los colegios abran sus puertas el miércoles', aclaró Milagrosa Romero, integrante del APA del colegio Vistalegre, quien añadió que, según les han comunicado los profesores de los centros, un gran número de escolares corre el riesgo de no poder completar el curso debido a las fechas, próximas a las evaluaciones, en las que se está desarrollando el conflicto.