Requisito

'Todos los empleados públicos han de conocer necesariamente el valenciano para poder acceder a la función pública valenciana'. Ese es el objetivo de un manifiesto por el 'requisito lingüístico' que la Federació Escola Valenciana y la Mesa per l'Ensenyament en Valencià han lanzado, coincidiendo con el inicio de las 15 trobades que anualmente hacen visible la presencia de un movimiento civil por los derechos lingüísticos de amplio alcance social e indiscutible vocación unitaria. Mientras prepara su tercer congreso para dentro de un año, con la reflexión sobre el futuro de la lengua en un mundo globalizado como eje del debate, la Federació Escola Valenciana, que agrupa a una veintena de asociaciones de base comarcal, inició ayer sus convocatorias festivo-reivindicativas en Betxí, Torís, Quart de Poblet, el Camp de Morvedre y la ciudad de Valencia, donde decenas de miles de personas escenificaron la vigencia de una cultura cuyas expectativas pasan, sencillamente, por el cumplimiento del diseño de convivencia recogido en el Estatut d'Autonomia y la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. La razonable evolución del movimiento por la normalización lingüística pasa por avanzar en esa línea y no deja de resultar esperanzador que el PSPV-PSOE, el primer partido de la oposición, haya asumido participar en un viaje que emplaza al Consell y al partido en el gobierno, el PP, a clarificar posiciones superando las declaraciones retóricas. Al fin y al cabo, la existencia de una Administración efectivamente bilingüe es una piedra de toque sobre el modelo de sociedad que estamos dispuestos a construir cuya ausencia (más allá de la apelación a las señas de identidad y a la Acadèmia de la Llengua) llama poderosamente la atención en el reciente libro del presidente Zaplana El acierto de España. Supone también una civilizada llamada de atención para otros sectores cuya sensibilidad cosmopolita ante el drama de la emigración es muy aguda en la defensa del multiculturalismo y, en cambio, bastante indolente en relación con el pluralismo cultural interno de un país donde los derechos lingüísticos de miles de ciudadanos están lejos de ser una realidad practicable.