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AMÉRICA LATINA

Fox afronta la reforma fiscal más radical y contestada de México

El Congreso debate el martes un proyecto que pretende reducir la masiva evasión de impuestos y aumentar la recaudación, pero que despierta el rechazo de la oposición y de algunas patronales

Juan Jesús Aznárez

El secretario (ministro) de Hacienda, Francisco Gil Díaz, defenderá como a una hija la ambiciosa reforma fiscal que pasará este martes a la consideración del Congreso mexicano. Su objetivo es reducir una evasión mayúscula, 35 millones de comprobantes fiscales escamoteados, recaudar más entre quienes más tienen y disponer de fondos para estimular el crecimiento económico y la inversión extranjera. El eje fundamental es atajar las desigualdades sociales. La iniciativa 'es hija de muchas madres y muchos padres, y yo soy uno de ellos (...). ¿Cómo no la voy a defender?'. Las resistencias contra la propuesta son, sin embargo, muchas, dentro y fuera del hemiciclo.

El Consejo Coordinador Empresarial, en una primera lectura, rechazó el informe gubernamental, concretamente la aplicación del impuesto al valor añadido (IVA) a alimentos y medicamentos elaborados con productos agropecuarios, por considerar que perjudica a la clase media de este país de 100 millones de habitantes, en el que sólo 10 millones de contribuyentes pagan impuestos regularmente. Lo cierto es que la clase media es minoritaria y la mayoría de los mexicanos vive con apuros o en la pobreza. Según el Banco Mundial, el 10% de la población de menos recursos obtiene sólo el 1,5% del ingreso nacional, mientras que el 10% de los mexicanos más ricos concentra el 42,8% del ingreso y el consumo. Y el 62% de la población económicamente activa, 36 millones, suma ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo por día: 1.300 pesetas. Una entrada de cine cuesta 700 pesetas.

La reforma pretende incrementar en 14.000 millones de dólares la recaudación fiscal en el 2006 -

La reforma pretende llegar al final del mandato del presidente, Vicente Fox, en el 2006, con una recaudación adicional de 14.000 millones de dólares, en torno al 15% o 16% del producto interior bruto (PIB), calculado en 630.000 millones de dólares. El Ejecutivo pretende también repatriar el dinero que los mexicanos más ricos ingresaron en cuentas extranjeras, mediante un bondadoso impuesto del 1% al monto total de ese dinero. Asimismo, promueve ampliar el acceso del ciudadano medio a la Bolsa mexicana, que sería una entidad independiente y autónoma.

El margen de decisión de los accionistas minoritarios de las empresas quedará ampliado, en detrimento del poder de los grandes. La reforma del artículo 15 de la Constitución facultará a los ayuntamientos el cobro de tarifas adicionales a las fijadas por las leyes federales. Otras son medidas contra el masivo fraude, y simplificaciones sustanciales en las declaraciones de rentas de las empresas y las personas físicas. El paquete de reformas, sin embargo, plantea como puntos más llamativos la homologación general del IVA en un 15% a medicinas y alimentos, la eliminación de exenciones de privilegio y el establecimiento de gravámenes especiales. Pero también pagarán IVA desde el transporte urbano a los taxis y los libros.

'El principal riesgo de la reforma es que afecta al consumo y, por ende, disminuye el ritmo de crecimiento del PIB', dice Víctor Ampudia, consultor privado. El Gobierno trata de despejar los temores causados entre los empresarios, y entre los principales partidos mexicanos, incluidas las filas del oficialista, sobre las consecuencias de una reforma que castigará a cinco millones de familias mexicanas pobres al exigirles nuevos desembolsos. En un desayuno con corresponsales extranjeros, Gil precisó este jueves que un total de 25 millones de personas humildes van a recibir 'más de doble' de lo gastado en el pago de los nuevos impuestos.

El mayor gasto de esas familias derivado de la aplicación del IVA será compensado con fondos del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), la reducción del impuesto sobre la renta hasta en un 32% y el aumento del crédito al salario de 4.000 a 4.900 pesos (unas 70.000 pesetas) entre los mexicanos cuyo sueldo no supera los dos salarios mínimos, el 30% de la población. El presidente prometió que 'los pobres en esto no pagan; al revés, recibirán por encima de lo que hoy tienen'.

Una de las razones detrás de la aplicación de la reforma es 'psicológica': lograr mejores notas en las calificaciones de riesgo. Lo ha conseguido de Moody's, pero Standard & Poor's aguarda a la aprobación de la reforma para elevar su calificación de la deuda mexicana. La aplicación del 15% del IVA pretende aumentar un 2,2% el PIB en los dos años siguientes a su aplicación.

El 40% la población mexicana (100 millones de habitantes) con ingresos más elevados se aprovecha, según datos estadísticos, del 65% del dinero no recaudado hasta ahora por no existir el IVA para medicinas y alimentos. Los sectores con menores ingresos se benefician mucho menos de la tasa cero en estos dos productos, pese a que, sin embargo, son las que más gastan en alimentos y medicinas en proporción a sus ingresos. Una lista de 30 medicamentos será excluida del IVA. La aprobación de la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Vicente Fox permitiría no sólo aumentar los ingresos, sino que también impulsaría una mayor inversión extranjera hacia México, según la consultora Ciemex-Wefa.

De momento, la inmovilización de los capitales por las altas tasas de interés ha provocado que los inversionistas extranjeros se apoderen del mercado por su capacidad de préstamo y pago, señala la profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Eugenia Correa. En ese sentido, aunque la reforma esté bien planteada, si Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, mantiene su política monetaria, agregó, 'viviremos la situación que ahora se registra en Argentina'.

La reforma fiscal, según el enfoque de varios economistas, debe enfocarse al desarrollo productivo y no a seguir sufragando las deudas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que maneja la servidumbre derivada de los 65.000 millones de dólares volcados, durante la crisis de 1994-1995, en la salvación del sistema financiero nacional.

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