La CEA se opondrá 'con todas las fuerzas' al impuesto 'verde' que pretende aplicar Chaves

'Utilizaremos las medidas necesarias y que creamos convenientes', indicó Álvarez Colunga quien, en una entrevista concedida ayer a la cadena de televisión CNN+, apuntó que la patronal buscará el apoyo de los partidos políticos para que eviten la aprobación de este proyecto de ley cuando se presente al Parlamento andaluz.

El presidente de la CEA tampoco descartó 'en su momento' pedir que se interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional si esta ley autonómica de fiscalidad medioambiental sale adelante. Ésta sería una situación muy similar a la que se ha producido ya en Castilla-La Mancha, donde el Gobierno regional, presidido por otro barón socialista, José Bono, aplica desde el pasado 1 de enero un impuesto a las actividades contaminantes. La patronal castellano-manchega desató entonces una dura campaña contra la ley autonómica; el pasado viernes, el Gobierno central anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la iniciativa de Bono por considerar que se incurre en doble imposición.

El dirigente empresarial indicó que la aplicación de un nuevo impuesto en la comunidad afectaría a la competitividad de las empresas andaluzas. Álvarez Colunga instó a la Junta a negar la autorización a aquellas firmas que contaminen.

'Respeto la opinión del presidente de los empresarios pero, como gobernante, mi obligación es la de proteger al medio ambiente, a los ciudadanos y al desarrollo económico de los efectos de agentes contaminantes', replicó el presidente andaluz a las declaraciones de Álvarez Colunga. Chaves sostuvo que 'el crecimiento de la economía andaluza depende del desarrollo del medio ambiente, que es una fuente de riqueza' y precisó que el nuevo impuesto verde 'no es una tasa que vaya a penar a todos los empresarios, sino a los agentes que contaminen y puedan dañar al tejido productivo'.

La propuesta de Chaves fue acogida con frialdad por la presidenta regional del PP, Teófila Martínez. 'Nos ha parecido una estrategia para aparentar que algo se mueve en Andalucía cuando no se mueve nada', afirmó en conferencia de prensa. La dirigente popular matizó que su partido esperará 'a ver lo que da de sí' el proyecto de ley antes de pronunciarse pero advirtió de que al aplicar el principio de 'quien contamina, paga', se corre el riesgo de que, para las empresas 'sea más rentable pagar que tomar las medidas técnicas para no contaminar'. Anunciar la creación de este impuesto, agregó Martínez, 'es como reconocer que hay empresas e industrias en Andalucía que contaminan'.