El alcalde da marcha atrás al nuevo intento de legalizar una iglesia pendiente de ser derribada

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, retiró ayer del pleno municipal, sobre la marcha y ante la sorpresa incluso de algunos ediles del PP, el punto del orden del día relativo a la aprobación del estudio de detalle con el que pretende legalizar la ubicación de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes (Fuencarral), sobre la que pende una orden judicial de derribo. El regidor no dio ninguna explicación al pleno sobre la súbita retirada del punto 37 del orden del día. Tras la sesión, afirmó que lo había retirado porque el día anterior no le había dado 'tiempo a estudiar ese punto'.

El alcalde agregó que no someterá al pleno este asunto 'hasta estar muy, muy seguro' de ello. Someter al pleno el citado estudio de detalle habría acarreado consecuencias jurídicas, ya que el derribo de parte de esta iglesia está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso que interpuso el Ayuntamiento contra la firme decisión del Tribunal Superior de Justicia de demoler parte del templo porque contraviene el planeamiento urbanístico de Madrid. Es decir, la ubicación de la iglesia incumple la distancia mínima -siete metros- que, según las normas urbanísticas, debe existir entre dos edificios.

Dos vecinos de un bloque adyacente llevaron este asunto a los tribunales hace diez años aduciendo que la iglesia está tan cerca de sus casas que impide que entre la luz natural en ellas. Tanto el Tribunal Superior como el Supremo, tras un recurso del Arzobispado de Madrid, propietario del templo, dieron la razón a los vecinos.

Si el pleno hubiese votado ayer a favor de aprobar el estudio de detalle, se habría ejecutado un nuevo acto administrativo, lo que habría propiciado una nueva intervención del Tribunal Superior. La última vez que este tribunal intervino en el asunto fue para deducir testimonio (abrir diligencias) por supuesta prevaricación contra 23 concejales: 21 del PP, incluido el alcalde, y 2 de IU.

El tribunal dedujo testimonio contra ellos al conocer que estos ediles, lejos de obedecer la orden de derribo, aprobaron, durante el pleno celebrado el 23 de marzo de 2000, el inicio de los trámites para legalizar esta iglesia mediante un estudio de detalle. Los jueces anularon el acuerdo plenario al entender que el derribo era inevitable, dado que contaba incluso con el respaldo del Tribunal Supremo. Asimismo, indicaron que el intento de los 23 ediles de legalizar la situación de la iglesia mediante un estudio de detalle podía constituir un delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta). Por ello, enviaron las diligencias del caso a un juzgado de instrucción de Madrid para que éste investigase si los ediles habían cometido un delito.

Semanas después, el Tribunal Superior reiteró la orden de derribo y avanzó, además, que no se podía legalizar la iglesia mediante el procedimiento del estudio de detalle. Paralelamente, advirtió al Ayuntamiento de que no cabía ningún recurso para frenar el derribo. El Ayuntamiento, no obstante, presentó una queja ante el Supremo, y éste, el 14 de agosto pasado, bloqueó in extremis la demolición parcial del templo, mientras estudiaba si cabía o no legalizar la iglesia mediante un estudio de detalle.

La polémica se avivó el pasado 19 de febrero, cuando la Junta de Fuencarral, sin esperar al dictamen del Supremo, retomó el asunto y aprobó un estudio de detalle para legalizar la iglesia, con los votos del PP. No conforme con ello, elevó el estudio a la Comisión de Urbanismo, y ésta, a su vez, al pleno municipal de ayer, aunque el alcalde, al llegar a ese punto, lo retiró por sorpresa del orden del día. Y no lo incluirá en él, dijo, 'hasta estar muy, muy seguro' de ello.

Este estudio de detalle, según ha denunciado el PSOE, no sólo incluye la posibilidad de legalizar la iglesia, sino que, además, habilita 70 metros cuadrados para construir una nueva sacristía.