David Greenlee, el 'virrey' paraguayo
Respondiendo a las instrucciones de su Gobierno, el embajador estadounidense en Asunción (Paraguay), David Greenlee, ha acudido a las oficinas del juez Jorge Bogarín para darle públicamente su apoyo. El juez tiene en sus manos algunos de los casos más delicados en la historia jurídica reciente de Paraguay: investiga el asesinato del ex vicepresidente Luis María Argaña, la masacre de los jóvenes en las plazas del Congreso en marzo de 1999 y al ex presidente Juan Carlos Wasmosy por el escándalo del Banco de Desarrollo.
El juez Bogarín representa a una nueva camada de magistrados jóvenes paraguayos que intenta poner en práctica algo que pocas veces existió en Paraguay: la independencia del poder judicial. Obviamente, por la naturaleza de los casos a su cargo, el juez recibe presiones e incluso amenazas a diario. El año pasado, tanto él como su esposa fueron amenazados de muerte y sufrieron atentados contra su propiedad. Llamó la atención, sin embargo, que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolviera disponer un "informe sumario" al juez Jorge Bogarín y la fiscal Sandra Quiñonez. Ambos habían resuelto otorgar la libertad condicional a tres senadores oviedistas (partidarios del ex general Lino Oviedo) vinculados con los sucesos del llamado Marzo Paraguayo hasta tanto se resuelva su responsabilidad en ellos.
Le decisión del Jurado de Magistrados contiene varios elementos claramente políticos. Uno de sus miembros, el senador Francisco José De Vargas, había advertido telefónicamente al juez de que intentaría destituirlo si ponía en libertad a los senadores oviedistas. El regreso de los senadores a sus escaños alterará visiblemente el espectro político en el Senado, reduciendo el poder de la coalición colorado-encuentrista, que supone la mayoría a las fuerzas del Gobierno. Se cree que De Vargas podría responder también al interés del ex presidente Wasmosy, que aguarda sentencia del juez Jorge Bogarín sobre el caso del Banco de Desarrollo. El fiscal de la causa pide ocho años de cárcel para el ex presidente.
La actitud de De Vargas ha sido criticada por gente de su propio partido, el Liberal Auténtico, y provocó la renuncia de uno de los miembros del Jurado de Magistrados, el senador liberal Juan Manuel Benítez Florentín: "No puedo seguir en un jurado que ha perdido credibilidad", señaló el senador a EL PAÍS; sostiene que el jurado se extralimitó en sus funciones y que sus miembros podrían ser sometidos a juicio político. Sin embargo, el senador liberal se suma a quienes desaprueban la actitud de Greenlee.
"Sin negar la indudable influencia de Estados Unidos, ha sido un error", señala Benítez Florentín. "Las propias autoridades de Paraguay, aun reconociendo la dependencia política y económica de los países de América Latina de Estados Unidos, deben guardar las formas". La intervención de Greenlee es, en la opinión del senador, una contradicción de términos, ya que Estados Unidos está apoyando la independencia del poder judicial pero contribuye a su continua dependencia. Señaló textualmente que "ridiculiza al país como un procónsul que imparte instrucciones".
El embajador Greenlee es un diplomático de carrera con amplios conocimientos de la región, que incluyen un año de voluntariado como miembro del Cuerpo de Paz en Bolivia. Ingresó en el Servicio Exterior en 1974 y desde entonces desempeñó diversos cargos de responsabilidad en Haití, donde fue coordinador especial del Departamento de Estado para Haití, delegado de Estados Unidos y jefe del Grupo de Monitoreo Israel-Líbano; fue consejero político del Comando del Ejército y ministro consejero en las embajadadas de Estados Unidos en España, Chile y Bolivia. Asumió su cargo de embajador en Paraguay el 19 de julio de 2000.
Este modus operandi no es nada nuevo para los embajadores estadounidenses que, al asumir sus cargos en Paraguay, se convierten automáticamente en importante personajes de la política nacional. Es, en parte, la razón que le valió su apodo al embajador Greenlee, El Virrey . Anteriormente, otros embajadores tuvieron papeles protagónicos al denunciar violaciones a los derechos humanos, restricciones a la libertad de expresión o por dar opiniones de corte decididamente político. Fue la decisión de la embajadora Maura Harty la que sostuvo el endeble proceso democrático en marzo de 1999. La embajada de Estados Unidos sirvió entonces como sede de las negociaciones que culminaron con la renuncia del ex presidente Raúl Cubas. Un poco antes, en 1996, fue refugio para el ex presidente Wasmosy, cuando el general Oviedo amenazaba con desequilibrar la estabilidad política del país tras rechazar su pase a retiro de las fuerzas armadas.
En opinión del analista político Carlos Martini, la actitud del embajador responde a una clara señal de Washington que aboga por la seguridad jurídica y la limpieza en el país: "Hoy día, con el concepto de globalización, las nociónes de dependencia y territorios se han difuminado. No creo que deba interpretarse como una injerencia ni una violación a la soberanía nacional. Paraguay necesita todavía estas presiones porque se trata de un sistema endeble. Las necesitamos constantemente para ayudar a provocar los cambios".
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