El juzgado desestima la demanda de Rebecasa contra Cadbury Schweppes

El Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid ha desestimado la demanda que interpuso Refrescos y Bebidas de Castilla (Rebecasa), empresa controlada por la familia Rato, contra la multinacional Cadbury Schweppes. Rebecasa demandó a la multinacional por incumplimiento unilateral de contrato para la distribución de refrescos, que era el cometido empresarial de la empresa.

Rebecasa argumentó en la demanda que la rescisión de contrato provocó la crisis que derivó en la suspensión de pagos de Rebecasa presentada el 13 de noviembre de 1997 con unas deudas de 2.700 millones de pesetas. Rebecasa ha recurrido ahora contra esta sentencia ante la Audiencia de Madrid, según fuentes jurídicas.

La crisis de Rebecasa, fundada en 1982, tiene su origen en la compra por parte de la multinacional Cadbury Schweppes de Citresa, la sociedad fabricante de refrescos Trinaranjus y zumos Vida, que estaba entonces en manos de Agrolimen. Rebecasa -en la que el actual vicepresidente segundo y titular de Economía, Rodrigo Rato, fue consejero- tenía un contrato de distribución en exclusiva de los productos de Citresa hasta el año 2007. Los contratos de distribución eran para varias provincias de la zona centro de España como Madrid, Guadalajara, Ávila, Segovia, Cáceres y Badajoz.

Sin embargo, los nuevos dueños de Citresa decidieron romper unilateralmente ese contrato en abril de 1997, lo que motivó que la empresa entrara en una delicada situación económica. Siete meses después, Rebecasa tuvo que suspender pagos y presentó un expediente de regulación de empleo ante la imposibilidad de ser viable, a pesar de haber realizado dos ampliaciones de capital por un valor global de 1.400 millones de pesetas.

Los trabajadores de la empresa protestaron contra esta medida y realizaron una de las primeras acampadas en el centro de Madrid. En este caso, en el paseo del Prado, frente al museo del mismo nombre. En la propuesta de convenio que presentó la compañía a los acreedores en 1998 se ofrecía hacer frente a la deuda en los dos años posteriores (40% en el primero y 60% en el segundo).

Además, en la propuesta de convenio se señalaba que se pagaría a los acreedores con los recursos procedentes de la demanda. Pero los acreedores, por ahora, deben esperar para cobrar hasta que se produzca un fallo de la Audiencia de Madrid.