Fundamentalismo presupuestario

mente tras haber perdido cualquier margen de actuación en política monetaria, que es ejercida en exclusiva por el BCE. El día que el gobierno europeo sea el gobierno central ya hablaremos, pero de momento las cosas son como son. Lo que no puede ser es que el Gobierno español restrinja las facultades y atribuciones que debe tener todo gobierno sin que todavía las haya asumido el gobierno europeo. Porque ello es una torpeza en términos económicos y porque con toda seguridad es lesivo para los intereses de los ciudadanos españoles, que tienen derecho a exigir de sus poderes públicos que actúen en función del interés general.

Y que no nos vengan con las consabidas descalificaciones, pretendiendo que los que critican esta medida es porque están a favor del déficit público, el despilfarro y de subir los impuestos. No es descalificando los argumentos de los otros como se defienden las propias ideas. Y, además, los que lo hacen corren el riesgo de que se les acuse ya no de caer en el dogmatismo y el doctrinarismo más estrechos, sino de hacer dejación de sus responsabilidades y de ignorar los intereses de los ciudadanos. Y a lo mejor nos harán sospechar que en realidad tanto fundamentalismo ideológico no es más que una pantalla, y que lo que se esconde de verdad detrás de la misma es una preocupación prioritaria por potenciar los intereses privados y dejar el campo de juego lo más expedito posible para que éstos puedan actuar con total impunidad, sin el contrapeso de unos poderes públicos preocupados por velar realmente por el interés general.

Antoni Castells es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona.