Ríos da un golpe de estado 'técnico' al variar la ley del Congreso de Guatemala
En medio de insistentes rumores de un golpe de Estado en Guatemala (muchos daban por hecho que el presidente, Alfonso Portillo, viajaba a Brasil), el auténtico golpe al débil proceso democratizador guatemalteco lo ha protagonizado el inefable general Efraín Ríos Montt. El presidente del Congreso, agobiado por un inminente proceso en su contra por alterar una ley sobre bebidas alcohólicas y gaseosas, aprovechó su mayoría parlamentaria para cambiar la Ley de Régimen Interior del Congreso y quedar así a salvo de un desafuero que lo obligaría a abandonar su puesto para someterse a los tribunales.
El pasado martes , aprovechando que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retrasó al 5 de marzo la discusión sobre si procede despojar de la inmunidad a Ríos Montt y 21 de sus congresistas, los partidarios del general modificaron el artículo 16 de la Ley de Régimen Interior del Congreso. Así, los acusados podrán continuar en sus escaños a pesar de que la CSJ decida despojarles de la inmunidad y los siente en el banquillo por falsedad material, falsedad ideológica, violación a la Constitución y usurpación de atribuciones. Es la segunda vez que el rodillo oficial modifica la Ley Orgánica del Legislativo en su favor. La primera en diciembre, cuando se eliminó un artículo que obligaba a rotar anualmente al presidente del Congreso.
La modificación del martes se considera un golpe de Estado técnico. "Este día pasará a la historia por nefasto. Es inaudito que el rodillo oficial haga otra reforma casuística para beneficiar a sus dirigentes", declaró el congresista Leonel López Rodas, del opositor Partido de Avanzada Nacional (PAN). Jorge Balsells, diputado por la izquierdista Alianza Nueva Nación, concluyó: "Durante su Gobierno de facto, Ríos Montt fusilaba delincuentes por violar la ley y ahora él la burla a su antojo".
Ríos Montt no habla. Pero sus portavoces sí justifican el cambio al artículo, que considera "anticonstitucional". "Nadie puede ser condenado, sin antes ser citado, oído y vencido en juicio", dicen, mientras sus abogados intentan alargar el proceso con recursos dilatorios.
El escándalo estalló el 1 de agosto cuando los diputados comprobaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que la tabla impositiva sobre bebidas alcohólicas y gaseosas no correspondía a la aprobada en la Cámara. Cuando, a petición de la oposición, se quiso ir a la fuente original (las versiones taquigráficas de la sesión y las cintas de vídeo y audio), diputados y periodistas encontraron que las primeras habían acabado "accidentalmente" en la basura, mientras que cintas de audio y vídeo, habían sido recicladas para la grabar sesiones posteriores.
El partido de Ríos dice que la diferencia obedeció a que, a última hora, los congresistas aprobaron un "fondo de revisión". Pero el montaje cayó cuando una periodista de Prensa Libre, quien había grabado y conservado la parte medular de la sesión, presentó la cinta ante la Corte Suprema de Justicia.
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