Un PHN manifiestamente insostenible

El debate sobre el Plan Hidrológico Nacional (PHN) puede abordarse desde diversas ópticas. Una de ellas es la ideológica. Ahí coinciden en sus artículos, aunque con matices, personas tan diversas como Ramón Martín Mateo, Eduardo Zaplana, Juana Serna y Valcárcel. Para ellos la racionalidad económica impone el trasvase desde el Ebro puesto que el desarrollo de España (su Alicante y/o su Murcia) no puede conseguirse sin aportes externos de agua. Nuestro marco aquí viene delimitado por el desarrollo sostenible y por la llamada nueva cultura del agua. Desarrollo sostenible que implica, a mi juicio, insistir en la cuenca como unidad de gestión, el uso del recurso renovable agua (en el que no se incluye el agua fósil del subsuelo) a un ritmo que no supere su tasa de regeneración y, sobre todo, no trasladar a otros territorios las consecuencias de nuestros excesos, y nueva cultura del agua que, según José Manuel Naredo, trataría de 'pasar no sólo de la planificación de obras a la economía del agua como recurso y, por ende, de la hegemonía de lo técnico a la de lo económico, sino que ha de superar también el economicismo pecuniario de cortas miras, para razonar sobre un contexto más global de consideraciones territoriales, sociales y ambientales'.

Las personas citadas hablan de desarrollo sostenible aunque a algunos se les escape de vez en cuando lo de desarrollo sostenido, crecimiento sostenible e incluso crecimiento sostenido. Su apoyo, de facto, a la expansión de regadíos y al crecimiento turístico encaja perfectamente en las últimas expresiones y son un gran paradigma de insostenibilidad. Otro campo es el de los datos rigurosos, el de los hechos. Aquí el debate se intenta deliberadamente pobre. Es autista o se convierte en un diálogo de besugos.

Dicen los voceros del PHN que no tiene impacto ambiental. Sin embargo, en la documentación del anteproyecto se renuncia a elaborar una evaluación de impacto ambiental o evaluación estratégica del conjunto del plan. Insisten en su idoneidad político-económica, pero no aportan un estudio económico-financiero. Es cierto que hay una cierta evaluación coste/beneficio del trasvase del Ebro, con una metodología teóricamente acertada pero llena de trampas para llegar a conclusiones predeterminadas: el precio de coste (52 ptas/m3) es justo el límite de la curva de demanda agrícola. Es decir, el precio máximo que podrían pagar los regantes de regadíos de alto rendimiento. Se trata de contentar y movilizar la fuerza social favorable al trasvase aunque después la realidad muestre que si el estado no subvenciona o paga los costes, sólo podrán utilizar esa agua para usos urbanos.

Repiten hasta la saciedad que la Comunidad tiene un déficit estructural pero el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar lo niega. No paran de hablar de los enormes excedentes del Ebro aunque numerosos estudios los niegan. El estado de regresión del delta del Ebro o la salinización de sus aguas, son datos que no pueden ignorarse. Lo mismo se decía en su momento de los excedentes de la cabecera del Tajo y ahí está la realidad: un río que a mitad de su recorrido discurre falto de caudales y con aguas putrefactas y un canal (Tajo-Segura) que cada vez que se pone en funcionamiento genera un enfrentamiento entre dos comunidades. O el trasvase Júcar-Vinalopó, proyectado a pesar de que el primero no dispone de excedentes reales que enviar a ninguna parte después de que el trasvase Júcar-Turia los absorbiera.

Quienes consideramos que el rigor debe ser una premisa esencial de cualquier estudio o debate que afecte a la gestión de recursos limitados tan importantes como el agua, no podemos infravalorar que aquellos que nos están bombardeando con datos y propuestas de trasvases son los mismos que ignoran evidencias como éstas o que renuncian a establecer planes de eficiencia y mejora de las infraestructuras y hacen dejación de sus obligaciones en materia de control y freno de nuevos regadíos ilegales o de urbanizaciones en zonas que carecen de unos mínimos caudales. Valga como botón de muestra el estado de abandono de muchos de los embalses como ha venido a demostrar el caso del María Cristina o la urbanización permanente del litoral. Por estas razones no podemos ignorar, en un terreno más ad hominem, esta ausencia de credibilidad y capacidad de quienes proponen y van a ejecutar el PHN. Incapaces de gestionar bien lo que disponen, reclaman los recursos de otras cuencas para continuar por el mismo camino. La realidad de la gestión del agua en nuestro territorio, la realidad de las confederaciones hidrográficas, es un panorama desalentador, de absoluto descontrol y desconocimiento de las extracciones, del número de pozos, de las superficies de regadío, de sus impactos, un abandono consciente del dominio público hidráulico, barrancos, etc y, como única alternativa, la anquilosada y exclusiva confianza en la obra civil (con sus oportunidades de negocios. Nuevos Aragón, Urralburu y compañía. Lo que en EE UU llaman el Pork Barrel). En este terreno lo que propone el PHN es más de lo mismo.

Como mi literatura es lamentablemente limitada acabaré, para fijar mi posición, citando a Federico Aguilera, quien plantea 'tres status quo mentales e institucionales o, si se prefiere, tres marcos diferentes a los que podemos calificar como: más embalses y trasvases, gestión de la demanda, gestión integrada del agua y del territorio'. El primero se explica con su mismo enunciado. En todo caso, ahí está el anteproyecto de PHN para ilustrarlo maravillosamente bien y la carencia de rigor y credibilidad de quienes lo proponen. El segundo 'introduce la cuestión de gestionar la demanda de agua, no sólo, ni exclusivamente, con precios y tarifas, sino mediante un cambio en los comportamientos de los diferentes usuarios y gestores del agua. Se parte del reconocimiento de que existe un elevado potencial para el ahorro del agua y para una distribución y un uso más eficientes'. Para los detalles consúltese a Enrique Cabrera, voz que clama en el desierto, como él gusta de autocalificarse. Como apunta Aguilera, la aplicación de este marco convertiría en absolutamente obsoletos los borradores de PHN.

El tercer marco incide en que 'no hay gestión del agua sin gestión del territorio. Se trataría de estudiar el funcionamiento de cada cuenca hidrográfica y de las opciones de ocupación del territorio y de los estilos de vida que sean compatibles con el funcionamiento de estas cuencas. La aplicación de este marco exige un cambio en la noción del agua y el reconocimiento de ésta como un activo ecosocial que satisface todo un conjunto de funciones ambientales y sociales dependientes de un contexto cultural'. La conclusión, mi opción: 'gestión de la demanda y gestión integrada del agua y del territorio', ésta es la senda hacia la sostenibilidad, lo otro no es más que una descabellada huida hacia adelante con marcha militar y marcando atributos testiculares como acompañamiento.

Maties Riera i Villagrasa es presidente de Acció Ecologista-Agró.