La Ley del Suelo crea 'chiringuitos privilegiados' para gestionar las licencias de obras, según la oposición

El anteproyecto de Ley del Suelo establece en su artículo 156 que la solicitud de una licencia para hacer una obra se considerará concedida cuando la tramitación de la petición se haga a través de una entidad certificante (una especie de gestoría urbanística privada) y hayan transcurrido dos meses sin que la Administración haya respondido a la solicitud. En cambio, el silencio administrativo tendrá la consideración de denegatorio cuando esa misma petición la haga un particular.

El diputado Francisco Garrido, portavoz de Medio Ambiente del PSOE, denuncia que la normativa, que aún está en trámite de consulta en el Consejo Económico y Social, consagra así la creación de 'chiringuitos privilegiados'.

En la exposición de motivos del anteproyecto se anuncia como novedoso que las solicitudes de licencias para obras mayores se entenderían concedidas en un plazo de dos meses por silencio administrativo si esta solicitud se hace a través de las entidades certificantes homologadas. 'Por el contrario', añade el texto, 'si no se presenta este documento se entenderá denegada la licencia'.

Las entidades certificantes homologadas son una figura nueva, creada por esta ley, y su autorización depende de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Para ser inscritas en el registro que abrirá la consejería, la ley exige que los solicitantes sean profesionales titulados, inscritos en sus colegios con una antigüedad de cinco años, y que cuenten con experiencia suficiente y no estén vinculados a empresas dedicadas a la construcción.

Para Garrido, el problema de esta figura es que 'privatiza funciones que competen a la Administración y establece una discriminación entre la solicitud de un particular y la de una entidad también privada'. El diputado socialista está convencido de que esta ley permitirá el nacimiento de 'chiringuitos privilegiados, que serán los únicos beneficiados. El particular que quiera hacer una obra tendrá que acudir, quiera o no, a estas gestoras, porque así sabe que tiene asegurada la licencia. Es una dejación de funciones'. La ley establece que estas entidades tendrán capacidad para acreditar la regularidad, 'incluidos los relativos a seguridad, del proyecto técnico'.

Espacios protegidos

El diputado socialista subraya: 'Lo peor es que se concede la facultad de aprobar los proyectos a las entidades certificantes homologadas, pero el seguimiento de las obras y el desarrollo de los proyectos siguen en manos de la Administración. Además, que estos poderes no sólo se les conceden a estas entidades privadas para actuar en terrenos urbanizables, sino también en los especialmente protegidos'. En opinión de Garrido, habría que retirar de la ley la creación de esta nueva figura y dejar en 'manos de los ayuntamientos la inspección y autorización de los proyectos. Bastantes competencias invade con esta ley la Comunidad que son de los ayuntamientos'.

Ayer, el portavoz adjunto de IU, Juan Ramón Sanz, pedía que se retirara lo que calificó como 'engendro de ley'. También, como su compañero Garrido, cree que la ley invade competencias municipales y que su aplicación pondrá en peligro los 'pocos espacios protegidos que aún quedan'. Miguel Ángel Villanueva, portavoz popular, defendía, por el contrario, el proyecto del PP. 'Lo que pasa es que IU se ha quedado creo que gratamente sorprendida por esta ley. Y les hemos dejado sin argumentos'.

Villanueva no negó que 'podría consensuarse algún aspecto de la ley', como había pedido la socialista Elena Almazán, pero insistió en las bondades del texto elaborado por el Gobierno de Ruiz-Gallardón. Almazán se mostró ayer menos beligerante que Juan Ramón Sanz. Ve aspectos que hay que cambiar, pero en todo momento evitó aplicar el calificativo de 'engendro'.