El Gobierno desiste de hacerse con la mayoría en el Foro de la Inmigración

El delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, anunció ayer que el Ejecutivo ha abandonado sus planes para hacerse con la mayoría de vocales en el Foro de la Inmigración. Según un real decreto que prepara el Ejecutivo, el Foro contará con 24 vocales: ocho representarán a las administraciones públicas (cuatro al Gobierno, dos a comunidades autónomas y dos a los ayuntamientos) otros ocho a las asociaciones de inmigrantes y ocho más a las ONG, los sindicatos y los empresarios.

Tras las críticas del Foro a la Ley de Extranjería y al Programa Greco, el Ministerio del Interior elaboró un borrador de real decreto para eliminar del mismo a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a la mayoría de los agentes sociales. La filtración del proyecto desató duras críticas de partidos políticos, sindicatos y ONG. Además de un presidente (designado por el Ejecutivo) y de un secretario, el organismo contará con dos vicepresidentes, designados de entre los vocales.

Ésta fue una de las dos novedades que aportó la comparecencia del delegado del Gobierno ante la comisión de Justicia e Interior del Congreso para responder a 18 iniciativas parlamentarias presentadas por la oposición, algunas de ellas pendientes desde antes del verano.

Más personal

La otra novedad fue el anuncio de que el Ministerio de Administraciones Públicas 'redimensionará' las oficinas de extranjería para adaptarlas a la creciente demanda. En respuesta a una pregunta de CiU sobre la situación de colapso existente en la oficina de extranjería de la Delegación del Gobierno en Barcelona, Fenández-Miranda respondió que se crearán inmediatamente 61 puestos de auxiliares y un centenar de plazas de interinos hasta que se convoque el concurso para cubrirlas.

La jornada parlamentaria estuvo marcada por el nombramiento del vicepresidente Mariano Rajoy como titular de Interior, ministerio del que depende Fernández-Miranda. Respecto a su nuevo jefe, el delegado dijo que es un hombre idóneo para el puesto, pero advirtió de que la política de inmigración está basada en la Ley de Extranjería y el Plan Greco y que el nuevo ministro sólo podrá darle su acento personal.

Poco antes, se había referido a las negociaciones entre el Ejecutivo y el PSOE para alcanzar un pacto de Estado sobre inmigración. Dijo que la Ley de Extranjería es 'absolutamente constitucional', que los derechos de huelga y reunión que niega a los irregulares no son derechos fundamentales y que aunque el reglamento es negociable, éste 'no puede hacer un fraude de ley'. Y se preguntó: '¿Podemos llegar a una política consensuada? Depende de ustedes'.