Cuidados para los mayores a largo plazo

Este mismo año 1.459.200 españoles superarán los 80 años; asimismo, tendrán más de 65 años 6.694.500 personas. Hasta aquí todo bien, el problema surge cuando se estima que el 14,4% de los mayores de 65 años, es decir, unos 967.000, cuentan ya con algún problema de dependencia, y a esta cifra hay que sumarle un porcentaje de los 1.250.000 discapacitados menores de 65 años, lo que provoca que los expertos manifiesten que en España actualmente hay 1,5 millones de personas con algún grado de dependencia y, de éstos, unos 700.000 requieren atención personal.

El debate social, económico y político de la dependencia se hace cada vez más presente partiendo de una realidad: que en España mueve unos 1,2 billones de pesetas anuales y que son las familias, el Estado, las comunidades autónomas y otras instituciones las que soportan este gasto. A esto se suma el hecho de que se trata de un sector de mano de obra intensiva que funciona en buena parte bajo esquemas de economía sumergida, y que con los debidos incentivos fiscales podría convertirse en un potente sector económico. La perspectiva de que cada vez habrá más personas mayores y requerirán más cuidados juega a su favor. Algunos expertos señalan que, entre las personas que ahora trabajan y los puestos que se crearían, más aquellos que suponen ayudas ocasionales, más de 300.000 personas tendrían en el sector de la dependencia un empleo regularizado.

Para poner orden en este entorno, el Gobierno tiene previsto ofrecer a lo largo de este año, a propuesta del Ministerio de Economía, un proyecto legislativo para regular el seguro de dependencia. Detrás del mismo, además del interés social se encuentra el mercantil de las aseguradoras y reaseguradoras. Sin embargo, éstas ya cuentan con que este seguro tendrá escaso éxito si no es de suscripción obligatoria o se prima fiscalmente; la razón es obvia: a un padre de familia con un sueldo medio no se le puede razonar el hecho de que, además de pagar la Seguridad Social, debe contratar complementariamente un seguro de salud, un seguro de vida, un plan de pensiones y un seguro de dependencia.

Según distintos expertos, es posible que, de salir adelante un esquema regulador del seguro de dependencia, éste aúne los intereses del sector público y el privado. También se está estudiando la inclusión de la dependencia a los planes de pensiones, que tendría un tratamiento similar a las situaciones de invalidez, enfermedad de larga duración, paro prolongado o fallecimiento; todas ellas permiten consolidar, mediante el rescate, los derechos de los partícipes.

¿Qué se entiende por dependencia? El Consejo de Europa en 1998 lo definía en los siguientes términos: 'Es dependiente la persona que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual, tiene necesidad de una asistencia o ayuda importante para la realización de las actividades de la vida diaria'. Con anterioridad y en términos menos prosaicos los aseguradores ya habían lanzado al mercado las pólizas de seguro de cuidados a largo plazo o long term care. DKV (antes Previasa) comercializaba un seguro específico para personas con síndrome de Down; Centro Asegurador y Generali lanzaron las primeras pólizas del mercado, junto a los servicios Club Azul de Europ Assistance, o los también de teleasistencia de Mapfre Asistencia o Mondial Assistance. En Cataluña, la mutua de previsión social Mutuam se puede considerar una pionera, y entre los productos ahora recién llegados figura Sanitas, pero más de una veintena de aseguradoras tienen más o menos preparados los productos que próximamente aparecerán en el mercado.

Aseguradoras como Caser han tomado posiciones como promotores de complejos residenciales y en servicios de asistencia. Otros expertos del sector señalan que las clásicas residencias de ancianos, que en España cuentan con 198.000 plazas, de las cuales 120.000 pertenecen al sector privado, ya se encuentran desfasadas y que la tendencia es construir pequeñas ciudades con todo tipo de servicios adaptados para las personas mayores y las dependientes. José Cercós, que en calidad de presidente del grupo Winterthur promueve activamente esta cobertura, viene recordando que se trata de un seguro de capitalización pura, y que el sector asegurador estará en condiciones de financiar infraestructuras y servicios en la medida que los pequeños cúmulos de cada asegurado se transformen en activos con peso en los mercados de capitales. Directivos de BBVA Seguros consideran que si se regula este seguro de forma obligatoria, en cinco años podría acumular entre dos y cuatro billones de pesetas en activos. Joan Castell, presidente de Mutua Fiatc, advierte que en este seguro la frontera entre los servicios sociales y los de salud desaparece y recalca que los procesos de dependencia surgen masivamente en una banda de edad entre los 75 y los 85 años. 'No se trata de un problema nacional, sino mundial. De hecho, en EE UU las compañías de seguros vienen comercializando con éxito coberturas de dependencia desde 1974', dice.