Los cuatro distritos de la región necesitan 'doblar' su plantilla de fiscales

Al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, le preocupa que la falta de fiscales lleve al traste un logro conseguido en Madrid hace años y que permitía que las parejas que se separaban o divorciaban de mutuo acuerdo se presentasen ante el juez en una única ocasión y saliesen de allí 'con la sentencia bajo el brazo'. Fernández Bermejo cree que esta iniciativa, que evita mareos a las parejas, 'peligra' ahora por la actual falta de fiscales. Por ello, ha remitido un informe a la Fiscalía General del Estado, que encabeza Jesús Cardenal, en el que afirma que necesita 51 fiscales más para afrontar la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en vigor desde el pasado 8 de enero y que obliga a los fiscales a asistir a actos jurídicos civiles que no eran preceptivos para ellos en la antigua ley.

El fiscal siempre es parte en las separaciones de mutuo acuerdo (unas 4.000 al año sólo en la capital) instadas por cónyuges con hijos. Debe velar porque éstos, en el convenio regulador, no queden desprotegidos en favor de los intereses de cada miembro de la pareja. Para evitar dilaciones en la tramitación de las separaciones, jueces y fiscales llegaron hace años al acuerdo de que se citase a todas las partes, incluido el fiscal, a una única comparecencia ante el juez, y que éste ratificase sobre la marcha la separación si no resultaba conflictiva. 'Queremos seguir haciéndolo, estar presentes en esas comparecencias, pero, con la nueva ley, necesitamos más fiscales', señala Fernández Bermejo. Éste, que se ha mostrado muy crítico con la 'cicatería' de medios con que el Gobierno central ha abordado la Ley Penal del Menor (que rige desde el pasado 13 de enero), asegura que necesita 51 nuevos fiscales en su departamento para aplicar la nueva legislación civil.

Si no llegan más medios humanos y materiales, Fernández Bermejo vaticina que los jueces tendrán que suspender muchos actos judiciales ante la imposibilidad de acudir a ellos los fiscales. 'Y, si se desarrollan esos actos sin el fiscal, como es preceptivo, pediremos su anulación', subraya. La nueva normativa civil, que pretende acelerar la tramitación de los pleitos y acabar con los retrasos, obliga a jueces y fiscales a estar presentes en casi todos los actos judiciales. Ello significa una carga de trabajo, al menos para los fiscales, muy superior a la que ya tenían, porque, además, amplía las materias civiles en la que han de intervenir forzosamente. El informe remitido a Cardenal contiene un detallado análisis de las necesidades de los fiscales de la Comunidad.

En el informe elaborado por Fernández Bermejo se indica que en la región hay cuatro distritos, integrados cada uno por entre 12 y 14 fiscales no especializados. Cada distrito, agrega, atiende a una media de 23 juzgados, la mayoría mixtos (es decir, llevan asuntos civiles y penales a la vez). En la capital sí hay una sección de fiscales, con once miembros, especializados en temas civiles. En uno y otro caso la cifra de fiscales 'es manifiestamente inferior' a la necesaria, destaca.

El estudio de Fernández Bermejo sobre la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil incluye un estudio elaborado por la fiscal decana de la sección civil de la plaza de Castilla, Rosa María Pérez. La decana subraya que la nueva normativa obliga a que el fiscal asista personalmente a gran parte de los procesos. Por ejemplo, los de filiación (medidas cautelares y juicios sobre filiación), cambios de sexo, los relacionados con derechos fundamentales (atentados contra el honor, la intimidad o la imagen), juicios sobre alimentos, cuando sean parte menores, incapaces o ausentes; procesos sobre nacionalidad y asuntos de familia (separaciones, divorcios o uniones paramatrimoniales), entre otros. A todo ello ello hay que sumar, según el informe, la también necesaria intervención del fiscal en recursos que se sustancian en la Audiencia de Madrid, instancia ésta que en la actualidad tiene 30. 000 asuntos pendientes de sentencia. Este aumento de la carga de trabajo que impone la nueva ley, que 'se muestra a favor de la inmediación, con una exigencia de presencia física del fiscal ante el órgano judicial', es 'rigurosamente incompatible con nuestra actual dotación', indica el fiscal jefe.

Ya en marzo pasado, la fiscalía madrileña señaló que necesitaba otros 19 fiscales para distritos de la región debido 'al imparable aumento de nuevos órganos judiciales', que entonces sumaban 87. Frente a esa petición, el Ministerio de Justicia sólo ha aumentando en tres la plantilla de fiscales en todos los distritos (uno en el de Leganés-Getafe, y otro en el de Móstoles).

Ahora, con las necesidades actuales, según el informe, los distritos de la región necesitan en torno a 24 fiscales cada uno, el doble de los que tienen hoy. Y es que, a finales del pasado año, la cifra de juzgados en los municipios de la región se elevaba a 94, siete más que en marzo. Pese a que el aumento de juzgados no ha ido acompañado del de fiscales, cada distrito atiende al año una media anual de 250 comparecencias en las que se pide prisión para el reo, unos 3.000 juicios de faltas y otras 1.300 vistas ante los juzgados de lo penal (en los que se imponen penas inferiores a los cinco años de cárcel).

Asimismo, en cada distrito se incoan unas 300 diligencias previas de incapacitación, con unos 1.400 procesos civiles, de los que unos 1.000 son separaciones y divorcios. Ante esta situación, destaca el informe, 'es absolutamente imposible la asistencia del fiscal' en los actos a lo que la ley le obliga.

Sección especializada

La Sección Civil que hay en la plaza de Castilla también necesita grandes refuerzos, según el informe. Sus once fiscales atiende en la actualidad 72 juzgados civiles, de los que ocho son de familia, dispersos en seis sedes distintas. Estos 11 fiscales afrontaron el año pasado 5.123 procedimientos de familia, 1.521 juicios ordinarios, 53 sobre derechos fundamentales, y 1.106 recursos ante la Audiencia de Madrid. Con la nueva ley, y tomando en consideacion la estadística de 1999, los fiscales civiles de la capital tendrán que atender unos 4.700 asuntos, frente a los casi 1.500 en que hubo de asistir conforme a la ya vieja ley. Esta sección, pues, necesita al menos 'ocho fiscales más', según el informe. Máxime cuando 'la dispersión de los edificios judiciales es absoluta'. Las cuatro sedes civiles anteriores se han convertido ya en seis. 'La inevitable coincidencia de servicios, hará que sean numerosas las peticiones de aplazamiento de señalamientos solicitados por el fiscal', avanza el fiscal jefe. Los representantes del ministerio público también actúan en las incapacidades. Ahora mismo hay dos fiscales y es necesario un tercero, según el informe