La Diputación de Vizcaya acusa a Interior de no vigilar la velocidad en la A-8

La red de radares se implantó en febrero de 1997 en un amplio tramo de la A-8 a su paso por el área metropolitana bilbaína, entre los túneles de Malmasín y el centro Max Center, por un lado, y Leioa, por el otro. La iniciativa, inédita en España, incluía la instalación de 23 cámaras de control y limitaba la velocidad permitida de 120 kilómetros por hora a 80.

Los resultados fueron espectaculares, pues en el primer año cayó a la mitad el número de accidentes -457 en 1997 frente a los 956 de 1996- y el de heridos graves y muertos. 'El tráfico era incapaz de absorber el mínimo problema que se originaba en la vía debido a las altas velocidades a las que se circulaba', han señalado los responsables de la Universidad de Valencia que idearon el sistema.

La Diputación vizcaína, que impulsó la iniciativa, está molesta cuatro años después de su implantación. 'De un año aquí no se controla la velocidad en la A-8 y se ha aumentado la siniestralidad', asegura el peneuvista Basozabal.

'No se recogen las cintas'

El Departamento foral de Obras sostiene que Tráfico no realiza la labor de control. 'Las cámaras siguen filmando, pero no se recogen las cintas y, claro, así no se pueden poner las multas. Los conductores se están dando cuenta de lo que pasa y ha aumentado la velocidad', añade Basozabal.

La consejería de Interior niega tal ausencia de control. 'Están en activo y en el año 2000 se han tramitado 7.735 denuncias, lo que supone más de veinte diarias. No sé por qué la Diputación habla de falta de control. Quizás se debe a las discrepancias que mantenemos ambas instituciones', afirmó un portavoz oficial de Interior, quien, con todo, admitió que los 23 radares instalados enla A-8 no funcionan todos los días al unísono. 'Se suelen poner en marcha la mitad. Este carácter aleatorio es porque así se decidió en su día', agregó.

Esta polémica se añade a las discrepancias que mantienen ambas instituciones sobre el primer plan de gestión inteligente del tráfico en Euskadi, que debería estar funcionando a pleno rendimiento desde hace varios meses. Pese a que existe un convenio firmado que delimita las funciones de cada uno -la Diputación se encarga de la gestión ordinaria, cuando hay densidad de tráfico u obras, y el Gobierno asume la situación en accidentes y operaciones especiales-, la viceconsejera de Interior, Pilar Martínez, envió en noviembre pasado una carta a Basozabal para reconsiderar la gestión de este novedoso sistema. 'Nos mandan una carta convocándonos a la semana siguiente a una reunión con una actitud de prepotencia y autoridad', afirma el diputado vizcaíno.

Basozabal no entiende que Interior 'se ponga en una situación de jerarquía' cuando la mayor parte de la financiación de este sistema procede de la Diputación. 'Nosotros pusimos cuatrocientos y pico millones y ellos ciento y pico y esto no puede ser así'. Las discrepancias entre ambos impiden la puesta en marcha de dos paneles de señalización variable -que informarán de los tramos congestionados y posibles vías alternativas- a la altura del centro Max Center y La Avanzada así como la habilitación de una vía de incorporación en La Avanzada para los días de mayor tráfico. 'Si no hay coordinación no se puede poner en funcionamiento'.

El diputado vizcaíno de Obras admite que ahora no hay perspectivas de arreglo, aunque anunció que su departamento implantará en los próximos meses la otra parte pendiente de la primera fase del plan de gestión inteligente del tráfico. Ésta consiste en la puesta a disposición del usuario de información sobre la situación de las carreteras a través de emisoras de radio, televisiones o Internet, posibilidad que se amplía a través de los teléfonos móviles. 'Lo vamos a hacer, se pongan como se pongan. Queremos que el ciudadano tenga información del conjunto de transportes para que tenga sus opciones'.