Los jueces que condenaron a 18 años de prisión a una traficante reincidente le dan permiso carcelario

Los magistrados Arturo Beltrán, Jesús Guijarro y Paloma Pereda, de la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, conocían sobradamente a Tamara S. P., ciudadana colombiana de 44 años, cuando hace apenas tres meses les llegó un recurso de la interna pidiendo un permiso carcelario. La juez de vigilancia se lo había denegado y el fiscal apoyaba la decisión, ya que sobre Tamara pesaban dos condenas graves por traficar con drogas en Madrid. Y, además, la condena más alta, de 10 años, se la había ganado mientras disfrutaba de un permiso carcelario durante su primera condena de ocho años de cárcel.

Ambos delitos fueron juzgados en la Sección Quinta de la Audiencia, ya que los instruyeron dos juzgados de la plaza de Castilla, el 13 y el 42, que dependen de esta sección. Pero se da la circunstancia de que esa sección, además de pronunciarse sobre los delitos que les llegan de sus juzgados adscritos, también es la máxima instancia judicial penitenciaria de la Comunidad de Madrid. Es decir, resuelve los recursos que llegan desde los tres juzgados de vigilancia que hay en la plaza de Castilla.

La primera vez que estos tres jueces se toparon con Tamara en el banquillo fue en febrero de 1993. Tamara acudió esposada porque había llegado a Madrid en un vuelo de Avianca, procedente de su país natal, con casi un kilo de cocaína en el falso fondo de una maleta. La partida de droga costaba casi seis millones en el mercado negro. Los magistrados la condenaron a ocho años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de contrabando. También le impusieron una multa de 101 millones de pesetas, que no pagó por ser insolvente.

Tamara ingresó en prisión y, años después, dentro de las medidas de reinserción que establecen las leyes penitenciarias, un juez de vigilancia le concedió un permiso. Corría el año 1995. Durante ese permiso, Tamara volvió a ser detenida. La policía efectuó un registro en su casa de Madrid y le intervino dos bolsas con casi un kilo de heroína. Igualmente, se le decomisó un pasaporte a nombre de Nikis Chatzimina y una tarjeta familiar de residente en España a nombre de María Gabriela Sanz.

La procesada, según declaró probado el tribunal en la sentencia, había sustituido las fotografías de las titulares de ambos documentos por otras suyas. La acusada admitió que la droga era suya y que fabía falseado los documentos. El caso llegó de nuevo a los jueces de la Sección Quinta y éstos le impusieron 10 años de cárcel por tráfico de drogas y falsedad.

Los jueces han vuelto a saber de Tamara hace sólo unos meses. La mujer se dirigió a ellos para pedirles un permiso carcelario, pues el juzgado de vigilancia se lo había negado. En esta ocasión, los magistrados actuaban como instancia superior de vigilancia penitenciaria, no como tribunal sentenciador. Estudiaron el caso y le dieron el permiso. 'La penada', razonan los jueces en el auto, 'tiene 44 años, es visitada con regularidad en la cárcel por un compañero, tiene una oferta de trabajo, casi ha cumplido ya las tres cuartas partes de la condena [lo que da opción a la libertad condicional] y su conducta en prisión tiene notas meritorias'. Por ello procede concederle un permiso de salida de tres días.

En el auto, los jueces se muestran conscientes de que la penada 'puede hacer un nuevo mal uso del permiso, pero también es posible', explican, 'que su denegación impida iniciar con paso firme un camino de reinserción'. Los magistrados añaden en el auto que 'la responsabilidad de un nuevo mal uso del permiso' es 'exclusivamente de ella [de Tamara]', como del 'tribunal es la responsabilidad' de evitar 'las consecuencias negativas que para su reinserción supondría denegárselo'. Y agregan: 'Cumplidas como están ya en muy sustancial medida las finalidades retributivas y de prevención de la pena, este tribunal no tiene derecho a negarse a incrementar las posibilidades de reinserción, entendidas en el modesto y democrático sentido del artículo 59 de la Ley Penitenciaria como capacidad de vivir en libertad con respeto a la ley penal'.

Según fuentes penitenciarias, Tamara disfrutó recientemente del citado permiso de tres días, no delinquió y volvió a la cárcel para seguir purgando la condena que aún tiene pendiente.