Un dictamen advierte que el reparto de escaños en el Parlament es ilegal y puede llevarse al juez

Si las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2003, se convocan siguiendo la misma fórmula que Jordi Pujol ha utilizado desde 1980, cualquier partido o ciudadano tiene motivos suficientes para recurrir contra los comicios ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ésta es la tajante conclusión de un dictamen elaborado a instancias de Pasqual Maragall, quien el pasado diciembre ya expresó sus dudas sobre el sistema empleado hasta ahora, que el informe considera ilegal. El texto concluye que Tarragona y Girona tienen derecho a ganar un diputado cada una de ellas.

Cataluña es la única comunidad autónoma que no dispone de una ley electoral propia. Hasta ahora, todos los comicios se han convocado a partir de una disposición transitoria del Estatut pensada exclusivamente para las elecciones de 1980. En los últimos comicios, celebrados en 1999, por primera vez la opción más votada no alcanzó la presidencia de la Generalitat, lo que abrió la caja de los truenos sobre el sistema electoral.

El jefe de la oposición socialista en el Parlament, Pasqual Maragall, reclamó el pasado diciembre la apertura de un debate sobre la ley electoral y expresó sus dudas acerca de la legalidad del sistema utilizado hasta ahora a partir de un dictamen coordinado por el diputado de su grupo Josep Maria Vallès. Para aclararlas, el Grupo Parlamentario Socialista-Ciutadans pel Canvi pidió un nuevo dictamen al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Manuel Gerpe, que ya ha sido entregado al grupo.

El texto, de 12 folios, admite que la disposición adicional del Estatut sigue siendo válida -en contra de lo que sugirió en su día Maragall-, pero siempre y cuando se adapte a la realidad actual, muy distinta a la de 1980. Si esto no se hace, añade el dictamen, cualquier ciudadano o partido puede llevar a los tribunales la próxima convocatoria electoral.

La base de lo que Gerpe, uno de los más prestigiosos constitucionalistas catalanes, considera una 'ilegalidad' es mantener el mismo reparto de escaños por circunscripción que se decidió hace 21 años: 85 para Barcelona, 18 para Tarragona, 17 por Girona y 15 por Lleida, lo que suma un total de 135.

Recurso

Desde 1980, la población catalana ha aumentado, y si se aplicara el criterio establecido por la propia disposición transitoria del Estatut a las circunscripciones de Tarragona y Girona correspondería un escaño más a cada una, lo que elevaría el número total de escaños a 137. Esta modificación está prevista en la Llei del Parlament, del President i del Consell Executiu, aprobada en 1982, que fija el número total de diputados en una horquilla posible de 100 a 150.

En su petición formal, el Grupo Socialista preguntó quién podría recurrir judicialmente contra el sistema de asignación de escaños utilizado hasta ahora, a lo que Gerpe responde con un amplio abanico de posibilidades: cualquier 'ciudadano elector' de las circunscripciones afectadas, así como cualquier partido político que se considerara perjudicado por el decreto de convocatoria de las elecciones.

El catedrático de Derecho Constitucional sostiene que pueden esgrimirse al menos dos razones para presentar eventualmente un recurso: por una parte, la 'ilegalidad' de la asignación de escaños, 'que no respeta lo establecido en la disposición transitoria del Estatut'. Por otra, considera que el sistema es 'discriminatorio' porque 'establece una desigualdad no amparada por la ley y que afecta a la igualdad de voto y al derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos'.

A petición del PSC, el dictamen aborda también las hipotéticas vías que podrían seguirse para transmitir una posible demanda. Manuel Gerpe considera que al tratarse de un derecho fundamental, el conflicto 'podría canalizarse por el procedimiento para la protección de derechos fundamentales de la persona' a través de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Además, el informe sugiere otra vía si el TSJC desestimara la demanda: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Maragall ha insinuado en varias ocasiones que está dispuesto a utilizar la vía judicial si en esta legislatura no se aprueba una ley electoral propia o, como mínimo, se adapta la distribución de escaños por circunscripciones a la población actual de Cataluña. De momento, tanto Jordi Pujol como su conseller en cap, Artur Mas, han rechazado la necesidad de elaborar una ley electoral, aunque el líder de Unió, Josep Antoni Duran, ha admitido que abrir este debate fue un compromiso electoral de CiU.