'Expulsamos a 18 letrados negligentes y no nos tembló el pulso'

Luis Martí Mingarro es desde hace ocho años el decano de los cerca de 40.000 abogados adscritos al Colegio de Madrid. Martí Mingarro, de 64 años, repasa los graves problemas que afronta la justicia en Madrid y asegura que a su junta de gobierno 'no le tiembla el pulso' para sancionar a los colegiados que se saltan las normas. 'Durante mi mandato hemos expulsado a 18 abogados por conductas negligentes', afirma.

Pregunta. ¿Los abogados de oficio se preocupan por los casos o se limitan a leer las diligencias cinco minutos antes del juicio?

Respuesta. La generalidad sí se preocupa. Estar en el turno de oficio es una opción voluntaria. Se sabe que la retribución es escasa e injusta, pero aun así se hace.

'Vamos a estar atentos para que no se cuelen intrusos en la gestión del proceso sin abogado'

P. ¿Cómo se controla al letrado que no presta igual atención a un caso de oficio que a uno de pago?

R. Hacemos un seguimiento de los procesos. El abogado para cobrar esa retribución injusta tiene que acreditar haber llegado a una determinada fase del proceso. Han desaparecido muchos de los reproches que se hacían al turno de oficio. Un abogado sabe que no lo puede hacer mal si quiere seguir siendo abogado.

P. ¿Qué tipo de reproches se hacían?

R. Que no iban a ver al cliente a la cárcel, que se desentendían del pleito... Ahora tienen que rendir cuentas de las visitas que hacen a la cárcel.

P. ¿Cuánto cuesta el turno de oficio de Madrid?

R. Recibimos al año del Estado unos 1.000 millones. Tenemos asistencia gratuita para inmigrantes, mujeres maltratadas, menores, conflictos de familia... Toda esa infraestructura le cuesta al colegio, de su bolsillo, 200 millones anuales.

P. De las 1.200 quejas de clientes contra abogados recibidas en 2000 sólo algo más de 200 han terminado en sanción.

R. Me pregunto, ¿qué otro colectivo hace ese ejercicio de atender quejas de ciudadanos y, en su caso, sancionarlas? No hay corporativismo. De todas formas, doscientas y pico sanciones son muchas sanciones. Y se sancionará a aquellos que se tenga que sancionar. De esas 1.200 quejas, hay 500 que no tienen ningún atisbo de ser sancionadas. Pero las que dan lugar a expediente, tienen un alto porcentaje de sanción.

P. ¿Qué conductas son objeto de sanción grave?

R. Todo lo que hace perder la confianza de la gente en su abogado. La deslealtad en el manejo de fondos, liquidaciones inadecuadas... Aquí hay 27.000 abogados ejercientes. Y desde el Colegio queremos demostrar que aquel que se desvía recibe el reproche del Colegio.

P. ¿Dice que hay abogados que se quedan con el dinero que corresponde a sus clientes?

R. Sí, recuerdo casos de abogados condenados por la justicia por quedarse dinero de clientes. A ésos los hemos expulsado del Colegio. Llevo ocho años de decano y hemos hecho 18 expulsiones. A esta junta de gobierno no le ha temblado el pulso a la hora de tomar una medida así.

P. Casi todos los sectores judiciales afirman que la nueva ley de Enjuiciamiento Civil resulta inaplicable por falta de medios.

R. El Colegio ha hecho un gran esfuerzo para sacar adelante de esa ley lo que yo creo que tiene de bueno. Hay dificultades materiales, pero ahora es necesario un esfuerzo de adaptación profesional.

P. Entonces, ¿cómo se explica las colas de abogados que se formaron en los juzgados los días previos a la entrada en vigor de la ley para poner demandas de acuerdo con la vieja ley?

R. La novedad del sistema ha podido aconsejar a muchos a utilizar el sistema antiguo.

P. El juez decano dijo que hacían falta con carácter de urgencia 10 nuevos juzgados en Madrid para poner en marcha la nueva ley.

R. Estoy de acuerdo. Muchos hemos hecho un esfuerzo de adaptación y ahora lo que hace falta es que los poderes públicos también lo hagan.

P. También ha habido duras críticas, sobre todo desde la fiscalía, por la falta de medios con que el Gobierno ha dotado a la nueva Ley del Menor.

R. Es una ley buena y moderna. Es natural que la fiscalía haya estado muy dura para exigir que se dotase a esa ley de medios. Al final se han dotado de medios a las fiscalías, y las instalaciones que aún faltan deben terminarse lo antes posible.

P. Una de las estrellas de la nueva Ley Civil es el proceso monitorio, que permite a los ciudadanos iniciar pleitos de menos de cinco millones sin acudir a un abogado. ¿Cómo se lo han tomado este hecho los abogados?

R. Nos ha dolido mucho que se presenten las bondades de un proceso por el hecho de no existir abogado. Entiendo que eso es un vivero de problemas más que de soluciones. Que la gente no olvide que en el momento en que haya contradicción [que la parte demandada haga también alegaciones], necesitará abogado. Vamos a estar atentos para que no se cuelen intrusos en la gestión del proceso sin abogado.

P. ¿Se refiere a los gestores?

R. La gente no acude a la justicia sin ayuda. Por muy fácil que se lo pongan no es tan fácil. Puedes tener la factura de un impago, pero también es necesatio saber a quién hay que demandar, si la factura es válida...

P. La anterior ley obligaba a tener abogado en pleitos de escasa entidad. Y costaba más la minuta del abogado que lo que se pide en el pleito.

R. La gente tiene que saber que el buen consejo de un abogado ha de ser retribuido.

P. El ministro de Justicia ha propuesto crear secciones de la Audiencia Provincial en grandes municipios para acabar con los tres años de retrasos que sufren los pleitos.

R. Se descongestionará la Audiencia sólo si se crean más secciones. No basta con llevarse las que hay a otro sitio. Se necesitan más secciones y que se ubiquen donde sea razonable.

P. ¿Cómo se puede explicar a un usuario que su recurso tarde en resolverse tres años?

R. No tiene explicación. Y, cuando llega el resultado, aunque sea satisfactorio, no lo es del todo. Y qué decir si es insatisfactorio. No hay 28.000 expedientes atascados, sino 28.000 ciudadanos los afectados.

P. Algo parecido pasa en lo contencioso del Tribunal Superior

R. Eso es muy grave. Es el ciudadano el que choca con la Administración y ve cómo pasan ocho años de su vida con un pleito que para él es algo importante.

P. Ahora mismo hay juzgados repartidos por todo Madrid. ¿La futura ciudad judicial será la solución?

R. Ese proyecto va despacio y bien. Madrid bien se merece unos edificios judiciales dignos y agrupados, como ocurre en todo el mundo.

P. ¿La transferencia de Justicia a la Comunidad será positivo?

R. Hay precedentes positivos: Cataluña, País Vasco, Valencia... Están haciendo esfuerzos y hay cosas que funcionan mejor.

P. ¿Cuánto dinero necesita la justicia de Madrid para que funcione bien?

R. No nos vamos a conformar con que lo que ahora se gasta el Estado se lo pase a la Comunidad. La transferencia es la ocasión para gastar mucho y mejor en justicia.