45 personas se han sometido a la prueba de ADN en el caso de Eva Blanco
Eva Blanco Puig fue violada y asesinada de 17 puñaladas en la madrugada del 20 de abril de 1997, una noche en la que diluviaba. Tenía 16 años recién cumplidos. Vivía en Algete, en casa de sus padres, Manuel y Olga, y estudiaba primero de BUP. Su cadáver fue hallado al día siguiente en un descampado de Cobeña, a seis kilómetros de Algete. Era un lugar sin salida, junto a la carretera que une Cobeña con Belvis de Jarama.
Eva fue apuñalada por la espalda, lo que avaló la teoría de que fue atacada cuando trató de escapar de su agresor. Pero desde el primer momento se tuvo la impresión de que quien la llevó hasta aquel paraje, su asesino, tenía que ser un conocido de Eva, porque, de otro modo, ella no hubiera accedido a subir al coche. Esta teoría sembró la duda de que el homicida podía estar entre los allegados de la víctima.
Eva fue violada por su asesino. El análisis de los restos de semen extraídos de su vagina ha permitido elaborar un perfil genético del criminal. Queda por desenmascararlo. A petición del fiscal de Alcalá de Henares, Justino Zapatero, que ejerce como acusación pública en el caso, la Guardia Civil comenzó hace escasas semanas a realizar las pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico) en busca del asesino.
Saliva
Por el Juzgado número 4 de Torrejón, encargado del denominado caso Eva Blanco, han desfilado 45 personas a las que se les ha tomado muestras de saliva con un bastoncillo para someterlas a la prueba de ADN. Entre ellas hay 18 familiares de la fallecida, una docena por la línea paterna y media docena por la materna. El resto son conocidos de Eva y delincuentes de la zona. La búsqueda se ha centrado en aquellos que cuentan con antecedentes por agresiones sexuales o con arma blanca.
El padre de Eva está entre las personas que se han sometido a la prueba por segunda vez. Ya en el primer análisis se vio que el ADN del padre, Manuel Blanco, no coincidía con el del supuesto homicida. Los resultados de los análisis tardarán unos dos meses en conocerse.
La realización de las pruebas de ADN generaron polémica porque los jueces discrepaban sobre si su realización masiva (se presentaron 2.013 voluntarios) se ajustaba a la legislación. La juez encargada del caso autorizó finalmente la prueba, pero restringiéndola al menor número posible de personas.
