El Ayuntamiento pide paciencia y la oposición exige dimisiones

'Conocemos lo que pasa, estamos trabajando en ello y pediría a los vecinos paciencia, que no caigan en el desasosiego'. Ésa fue la reacción del concejal de Seguridad Ciudadana y delegado de la Policía Local de Valencia, Jorge Bellver, ante la polémica. Ana Noguera, portavoz socialista en el Ayuntamiento, y Antonio Montalbán, representante de Esquerra Unida en el Consistorio, exigieron la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas, por 'negligencia e ineficacia', y la destitución por parte de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del concejal Bellver por 'ridículo e incapaz de hacer frente al problema'. Ambos grupos políticos han presentado en los últimos meses más de una decena de mociones con acciones concretas a emprender que no han sido aprobadas.

El debate abierto el pasado lunes ha ido in crescendo a lo largo de la semana. Pero sólo en una dirección, la que dibujan los vecinos y la oposición al PP.

En cualquier caso, no es una novedad. Los responsables de las administraciones con competencias han reconocido estar al corriente de cómo la droga se vende en la calle en pleno día a centenares de consumidores. Y no podía ser de otro modo. El Ayuntamiento tiene todo tipo de pruebas sobre el tráfico de estupefacientes en los barrios afectados. Entre otras cosas, tres asociaciones de vecinos han hecho uso de la palabra en el pleno del Ayuntamiento reivindicando soluciones y dando todo lujo de detalles. Además, el Consistorio de Rita Barberá acumula denuncias sin contestar de los vecinos del barrio de Natzaret desde 1994. Rafael Rubio, diputado socialista en las Cortes Valencianas, recordaba esta semana cómo, ya en el programa electoral de 1991, Barberá hizo de la seguridad ciudadana y el tráfico de drogas un estandarte. Llegó incluso a decir que con ella los camellos se irían por las cloacas.

Desde entonces, el presupuesto para políticas relacionadas con la drogodependencia ha ido descendiendo. Para este año 2001, de 100.000 millones sólo 60 están destinados a la lucha contra la droga. Además, no existe ningún centro público municipal que atienda a los toxicómanos. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas, ordenó el lunes a la Jefatura Superior de Policía que desplegara las dotaciones necesarias para disolver las concentraciones de compra de droga. Dicho y hecho. Desde el martes, el barrio del Grau y la zona de Campanar tienen agentes como nunca. Las redadas se suceden, pero las iniciativas de fondo se desconocen.

La policía reconoce que no tiene medios -y algunos agentes, que sus informes no han salido del cajón de sus jefes-, pero presenta datos de actuación. En el mes de enero, en la calle de Bello se identificó a casi 1.300 personas, se detuvo a 24 -de las cuales sólo una entró en prisión- y se realizaron tres incautaciones.

La Generalitat guarda silencio. En la comunidad sólo existen dos centros públicos de rehabilitación, tras el cierre de un tercero que funcionaba en Elche. De ellos, el de Reiets, en Alicante, está reduciendo los ingresos, por lo que la oposición presupone un cierre inminente.