El Gobierno acusa a la Audiencia de entorpecer la lucha contra ETA

Es el tercer varapalo a la justicia con que el Gobierno del PP reacciona en un mes frente a decisiones judiciales. Los dos anteriores lo fueron contra el Tribunal Supremo, por negarse a reintegrar en la carrera judicial al ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño y contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la congelación salarial de los funcionarios impuesta por el Gobierno de José María Aznar en 1997.

La preocupación del Ejecutivo era ayer manifiesta porque la decisión de la Audiencia Nacional adoptada el jueves, que considera legales los fines de Xaki, afecta directamente a una parte importante de su estrategia en la lucha antiterrorista El ministro portavoz, Pío Cabanillas, señaló ayer que el Ejecutivo cree que este fallo judicial limita la eficacia de la lucha contra ETA en el campo de la utilización de todas las potencialidades del Estado de Derecho. Apuntó también que el Gobierno estudia incluso las posibilidades legales para responder a una decisión que 'es muy difícil de entender por la sociedad'.

Recientemente, el ministro del Interior, Jaime Mayor, advertía de que ETA dispone de tres grandes ramas: la dirección de ETA, la lucha callejera (kale borroka) y el 'entorno' de la banda. A juicio del ministro, el mal llamado 'entorno de ETA' está constituido por organizaciones políticas y sociales que la dirección de la banda ha ido creando aprovechando las grietas y los vacíos legales del sistema democrático. 'El entorno es la propia ETA, cuyos militantes, además de pertenecer a ETA, pertenecen también a otras organizaciones de carácter social que les dan apariencia de legalidad, produciéndose, en consecuencia, un fraude de ley', señaló.

Legalmente constituida

Esta posición gubernamental choca frontalmente con el auto de la Audiencia Nacional, que señala que 'es claro que ninguna apariencia de ilicitud presentan, en cuanto tales, los fines de Xaki'. De esta organización dice que es 'una asociación que actúa públicamente y que se encuentra legalmente constituida' por lo que también son lícitas sus actividades de prestación de asistencia legal o sanitaria a los deportados; las actuaciones para evitar que prosperen las peticiones de extradición; la crítica al sistema legal español o la promoción del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Euskadi.

De ahí que, tras el Consejo de Ministros, Cabanillas arremetiera con dureza contra el auto. La decisión de la Audiencia es 'especialmente grave', señaló, 'si de ella se deriva que el hecho de ayudar, de apoyar, de vestir, de alojar, de proporcionar todo lo que es el aparato logístico a los terroristas puede considerarse legítimo bajo lo que pudiera ser la cortina de humo de una sociedad comercial'. 'Y en el caso de que la sociedad comercial sea una excusa válida que permite el apoyo logístico a los que cometen los atentados, el Gobierno estará inevitablemente en contra de la decisión de la Audiencia'.

La preocupación del Gobierno es aún más manifiesta si se tiene en cuenta que en las próximas semanas la Audiencia Nacional tendrá que pronunciarse sobre otros sumarios del entorno de ETA, como el de Ekin, sucesor de la coordinadora KAS o dirección política del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), que Garzón identifica con la de la banda.

Tras las declaraciones de Cabanillas, el portavoz del Poder Judicial, Benigno Varela, pidió 'respeto' para las decisiones judiciales y recordó que las críticas a las actuaciones de la justicia deben realizarse 'dentro de los márgenes de la moderación y de la corrección debidas'. La portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, calificó de 'ataque a la independencia judicial' las críticas de Cabanillas. En la misma línea, el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, tachó de 'barbaridad' esas declaraciones. 'Decir que la resolución de un tribunal puede poner en riesgo los límites del Estado de derecho es una imprudencia enorme', enfatizó.