Rusia prepara un amplio plan de privatizaciones para pagar su deuda
El presidente Vladímir Putin, de visita oficial a Viena, volvió a repetir ayer que Rusia hará frente a sus obligaciones con el Club de París de países acreedores, aunque mostró su confianza en que se efectúe en el marco de un proceso ininterrumpido de diálogo e hizo notar que fue un grave error asumir en su día el pago de la deuda de toda la antigua URSS.
No le será fácil cumplir una promesa que obliga este año a las arcas estatales a sufrir una sangría de 3.500 millones de dólares (unos 630.000 millones de pesetas) no presupuestados. Una de las fuentes principales de ingresos extraordinarios será la privatización de empresas públicas, que el Gobierno pretende impulsar más allá de las previsiones iniciales y que incluirá paquetes de algunos gigantes.
El más jugoso será el 6,13% de la petrolera Lukoil, por el que se espera conseguir unos 630 millones de dólares. Pero en la lista, que se espera que se haga pública dentro de dos semanas, figurarán también probablemente participaciones mayoritarias en las mineras Kuznetskugol y Kuzbassugol, y muy sustanciosas de otra del mismo sector (Vorkutaugol), del puerto del mar Negro Tupase y de las aerolíneas Domodedovo, Krasnodar y Sibir. La relación puede incluir a más de 1.000 empresas, y los ingresos extraordinarios superar los 1.500 millones de dólares.
El ministro de la Propiedad Estatal, Farit Gazizulin, asegura que el Gobierno someterá a la Duma el próximo jueves el proyecto de nueva ley de privatizaciones y pedirá a los diputados que levanten las limitaciones a la venta de las empresas públicas que se pactaron a finales del año pasado para lograr la aprobación del presupuesto.
La restricción más señalada es la que prohíbe privatizar compañías cuyos activos superen cinco millones de salarios mínimos, lo que equivale a unos 150 millones de dólares, mucho menos, por ejemplo, del valor del paquete de Lukoil que se quiere vender.
El ministro de Finanzas, Alexéi Kudrin, aseguró el jueves que el presupuesto se quedó corto en más de 6.000 millones de dólares, contando (sin que hubiera ninguna garantía de conseguirlo) con una renegociación de la deuda externa y con nuevos préstamos del FMI.
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