El Gobierno se niega a que el sector del cable rebaje sus compromisos

El Gobierno ha advertido a los operadores de cable que deberán cumplir a rajatabla con los compromisos que asumieron en el momento de obtener la concesión.

Las obligaciones referidas a la cobertura de la red a desplegar, el calendario para construirla y la calidad mínima para los servicios ofrecidos se mantienen, pese a la situación de desventaja en la que dichos operadores se encuentran ante la proliferación de competidores no sujetos a las mismas condiciones, tras la liberalización del mercado de las telecomunicaciones.

Así consta en la orden de transformación de las concesiones de estos operadores, emitida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La posición del Ministerio se basa en que las obligaciones mínimas exigidas en los pliegos de la concesión son 'de servicio público'.

En el mismo documento, sin embargo, se deja entreabierta la puerta a que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el órgano regulador del sector, pueda eximir a las empresas afectadas de aquellos 'compromisos adicionales' que asumieron de manera voluntaria para que su oferta resultase mejor posicionada para optar a la concesión. En los mayoría de los casos, los operadores se comprometieron a ir más deprisa a la hora de construir la red.

Una docena de operadores de cable han presentado recursos de reposición ante el Ministerio de que dirige Anna Birulés, en un intento de acabar con la discriminación en la que dicen encontrarse, ya que las concesiones fueron adjudicadas antes de que el paisaje de las telecomunicaciones por cable se llenara de nuevos jugadores, sobre los que no pesan las mismas obligaciones.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología dispone de un mes para resolver los recursos presentados. Si no lo hace, los operadores pueden interponer durante los siguientes seis meses un recurso contencioso-administrativo.

La guerra del cable, sin embargo, puede abrir un nuevo episodio de desencuentro entre el Ministerio y la CMT. Fuentes del órgano regulador, en cuyas manos está una hipotética exoneración de compromisos, indican que es factible suavizar las condiciones de los cableros 'si fuera bueno para el mercado y para la economía'.

De hecho, en el pasado, la CMT ya se ha pronunciado a favor de una flexibilización de las condiciones de otros operadores, en este caso de telefonía fija. Se trata de Lince (Uni2) y de Retevisión. El regulador cambió algunas condiciones en el momento en el que se transformaron sus títulos en licencias B1 (para dar telecomunicaciones con red), con el fin de que no se desinflaran de golpe sus posibilidades de competir en un mercado abierto. En estos casos, el Ministerio aceptó pasivamente, la modificación.

Está por ver cómo reaccionará ante las peticiones concretas de algunos operadores, como es el caso de Menta, controlado por Auna, en Cataluña. El recurso de esta empresa llega a reclamar un plan de ayudas públicas.

En el caso de Telefónica, su concesión aún no se ha transformado en licencia. El operador dominante está reaprovechando su red para ofrecer servicios de banda ancha mediante la tecnología ADSL, sin tener que tirar cable.