El fiscal pide que se cite por el fraude del lino a un ex alto cargo del Gobierno y a 41 agricultores

El informe del fiscal se refiere a un delito contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en las subvenciones otorgadas por la Unión Europea tipificado en el artículo 309 del Código Penal. El citado precepto establece: 'El que obtenga indebidamente fondos de los presupuestos generales de las Comunidades Europeas u otros administrados por éstas, en cuantía superior a 50.000 ecus (unos 8,5 millones de pesetas), falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieren impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de tanto al séxtuplo de la citada cuantía'.

En el informe se alude también a un posible delito de falsedad, si bien fuentes jurídicas comentaron a este periódico que ese delito no podría ser penado, puesto que es un medio para cometer el delito principal que es el fraude, como ya se ha establecido en numerosas sentencias por delito fiscal.

El dictamen no imputa delito de malversación de caudales en los responsables de los organismos de control bien en las comunidades autónomas o en el Ministerio de Agricultura, por no haberse podido demostrar por ahora la posible connivencia entre los defraudadores y los funcionarios y autoridades encargados del control.

Según las citadas fuentes, el fiscal Martínez Madero pide al juez que cite a declarar en calidad de imputados a 42 personas, entre ellos Gonzalo Ruiz Paz, que en 1999 tuvo que dimitir de su cargo de director financiero de la empresa pública Mercasa debido a que su familia era propietaria de Colino SL (Compañía Linera del Centro), empresa transformadora de lino radicada en Castilla-La Mancha.

Colino fue la empresa que sirvió de base para elaborar el protocolo de indagaciones sobre las demás. Tras analizar la superficie de producción, el peso del lino de varilla necesario para obtener un kilo de fibra y las cantidades entregadas y transformadas, así como el rendimiento de la maquinaria, la relación de trabajadores y las horas trabajadas, y el consumo de electricidad y gasóleo de las máquinas, se llegó a la conclusión de que hubieran sido necesarias más de 24 horas al día para transformar las cantidades que se declararon como transformadas.

El fiscal no ha citado a declarar, al menos por el momento, a Nicolás López de Coca, ex presidente del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) que también tuvo que dimitir a raíz del escándalo del lino, aunque sí a algunos de sus familiares, que acudieron con su producción a la transformadora de lino Colisur 2000.

El resto de los implicados por el fiscal son agricultores y transformadores del lino de las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. En esta última comunidad sólo se ha descubierto el caso de un cultivador que acudía con su producción a transformar el lino a otra región.

Empresas especializadas

La Fiscalía Anticorrupción emitió un dictamen en diciembre de 2000 en el que afirmaba la existencia de un fraude generalizado en la aplicación en España de las ayudas comunitarias al sector del lino. El fraude, según la fiscalía, se produjo en los casos en los que el agricultor percibía toda la subvención comunitaria tras haber contratado la transformación de la varilla del lino con una empresa especializada. Los datos recabados por Anticorrupción son más precisos en los ejercicios de 1997 y 1998 cuando ya se exigía la transformación del lino para cobrar la subvención.

El pasado 12 de enero, la ex ministra Loyola de Palacio se adelantó a la formulación de siete querellas por parte de la Fiscalía Anticorrupción y presentó en la Audiencia Nacional una denuncia por los mismos hechos, sobre la base del informe de la fiscalía. El caso correspondió por reparto al juez Baltasar Garzón, quien preguntó al fiscal si la competencia correspondía a la Audiencia Nacional o a otros tribunales. El fiscal David Martínez Madero solicitó entonces a Garzón que citase a la ex ministra para ratificar la denuncia y que aclarase si los hechos denunciados estaban basados en el informe elaborado por la fiscalía o si los conocía en razón de su paso por el Ministerio de Agricultura.

La Fiscalía Anticorrupción estima que la competencia es de la Audiencia Nacional debido a que existe un único perjudicado que es la Unión Europea y al grave daño que el caso puede suponer a la economía nacional si España es condenada a devolver el dinero defraudado y a las sanciones correspondientes.

Loyola de Palacio declaró durante más de dos horas ante el juez Garzón y le explicó que alguien falló en la cadena para controlar el fraude, lo que puede suponer unos perjuicios económicos elevadísimos. De Palacio describió sus funciones en el ministerio y señaló que ella tenía grandes limitaciones porque el control del fraude estaba delegado en una comisión de coordinación de la FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) y las comunidades autónomas.