El juicio más largo y caro de la historia británica
Han pasado más de 12 años desde que ocurrió el brutal atentando aquel 21 de diciembre de 1988 que no dejó ni la más mínima posibilidad de superviviencia a las 259 personas que viajaban desde Francfort a Nueva York a bordo de un Boeing 747. El fortísimo explosivo que se encontraba en una maleta en la bodega de la nave explotó en pleno vuelo y esparció los restos de los cuerpos sin vida en un radio de varias decenas de kilómetros entre las colinas, los bosques y los lagos escoceses. Los pedazos incandescentes del avión, que fue literalmente pulverizado a 10.000 metros de altura, costaron la vida a otras 11 personas al desplomarse sobre el suelo de la pequeña localidad escocesa de Lockerbie.
Desde el primer momento todas las investigaciones apuntaron hacia Trípoli, que sólo accedió a entregar a los acusados en abril de 1999, tras recibir la seguridad de que iban a tener un juicio justo en territorio neutral. El acuerdo político se tradujo en una complicada fórmula jurídica: jueces escoceses han juzgado a los dos libios en territorio, al menos desde un punto de vista geográfico, holandés. Camp Zeist, una antigua base norteamericana situada en una zona apartada a unos 30 kilómetros de Amsterdam, se convirtió formalmente en los últimos meses en suelo escocés, donde policías escoceses velaban por la seguridad y donde regía el derecho escocés.
Celdas con televisión
Uno de los últimos vestigios de la guerra fría, la base, estuvo ocupada hasta 1994 y desde entonces y hasta que llegaron los dos acusados prácticamente abandonada. En sólo unos meses la mayoría de los edificios se renovaron para acoger el juicio, se construyeron celdas de máxima seguridad provistas de televisión árabe vía satélite y, además de un restaurante para el personal y los periodistas, se instaló una sala de oración provista de brújula para que los acusados pudieran encontrar sin dificultad la dirección a La Meca.
La complejidad de la fórmula, que además ha supuesto viajes muy frecuentes de jueces, abogados y fiscales, que seguían residiendo en Escocia, ha convertido este juicio en el más largo y caro de la historia del Reino Unido. Se calcula que la operación ha costado unos 90 millones de dólares (16.200 millones de pesetas), en gran parte asumidos por EE UU, de donde procedían la mayoría de las víctimas. El resto ha sido pagado por los contribuyentes británicos y un pequeño porcentaje por el Gobierno escocés.
El juicio se vio definido por dos testigos claves: el vendedor de ropa Gauci y Abdul Majid Giaka, un agente doble que aseguró haber visto al condenado con la maleta en el aeropuerto de Malta esquivando los controles de seguridad.
