El Plan Hidrológico Nacional convierte en ley las demandas de Castilla-La Mancha en el Júcar

Castilla-La Mancha ha logrado que el PHN incorpore los contenidos del Plan de Cuenca del Júcar, del Segura y del Tajo, lo que no entraba del todo en los cálculos del Gobierno central. Con esta cesión, el Ejecutivo de José María Aznar se garantiza el apoyo de uno de los hombres fuertes del socialismo, José Bono, frente a la posición de su propio partido. Asimismo, estos logros del presidente castellano-manchego recuperan una antigua fricción con sus correligionarios valencianos, que en agosto de 1997, cuando la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, propició el acuerdo del plan del Júcar con el Gobierno y la Generalitat valenciana, ya se opusieron por entender que iba en contra de los intereses de la Comunidad Valenciana.

El plan se habían atascado durante la etapa socialista a raíz del decreto del ministro Carlos Romero (1989), que declaraba de Interés Nacional 60.000 nuevas hectáreas de regadío en La Manchuela Centro, lo que provocó no pocos desencuentros entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Generalitat de Joan Lerma. Isabel Tocino admitiría unos años después las demandas de los cultivos alimentados mediante pozos ilegales en el acuífero de La Mancha Oriental y consolidaría los regadíos del Canal de Albacete y La Manchuela.

Con el plan del Júcar, bendecido por Eduardo Zaplana, Bono se garantizó la cuarta parte del agua de la cuenca para La Mancha: 743 hectómetros cúbicos de 3.053. De ellos, se destinaban 40 para los usos actuales en las cabeceras del Júcar y del Cabriel; 320 para suplir las extracciones del acuífero de La Mancha Oriental; 155 para incrementar las dotaciones en superficie de esta zona; 31 para el abastecimiento de Albacete, 25 para regadíos y abastecimientos en las cabeceras del Júcar y el Cabriel en Cuenca y 120 para las 60.000 nuevas hectáreas de La Manchuela. El entonces secretario general del PSPV-PSOE, Joan Romero, calificó el plan como contrario a los intereses valencianos, porque Castilla-La Mancha recibiría 'el doble de los recursos propuestos por [José] Borrell'.

Apenas dos meses después del acuerdo, los socialistas valencianos realizaron un análisis sobre las posibilidades de aprovechamiento del río Júcar en el que se concluía que el plan había repartido 'más agua de la existente' por un error en la evaluación del recurso total de 120 hectómetros anuales. Asimismo, denunciaban que el estudio hidrogeológico en el que se basaba el plan establecía que las extracciones mediante pozos ilegales era de 439 hectómetros, mientras que el plan asignaba sólo 320 para legalizar esas extracciones.

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconoció ayer a este periódico que con los acuerdos logrados en el PHN, al margen de lo consolidado, se asegura 1 metro cúbico de agua del Júcar para el abastecimiento de Albacete, 25 hectómetros anuales para abastecimientos y nuevos regadíos en Cuenca y otros 265 para consolidar las 90.000 hectáreas de regadío del acuífero de La Mancha Oriental y para poner en marcha los regadíos de La Manchuela Centro y el canal de Albacete. Y sobre todo, 'la preferencia de estas demandas sobre las del Vinalopó o La Marina Baja, que se satisfarán parcialmente con nuevos recursos del Ebro'.

Respecto a la cuenca alta del Segura, también se garantiza la transformación de 'nuevos regadíos de carácter social y que estaban contenidos en el Plan Hidrológico del Segura'. En la cuenca del Tajo, el acuerdo de Castilla-La Mancha con el Gobierno central descarta definitivamente la posibilidad de efectuar nuevos trasvases 'hacia el Levante', ni desde el Jarama, ni desde el Tajo medio ni desde el Tiétar, asegurándose la reserva estratégica de 240 hectómetros en Entrepeñas y Buendía.El modelo utilizado por el Plan Hidrológico Nacional para evaluar los recursos de agua del Júcar no ha tenido en cuenta los usos subterráneros, por lo que el cálculo de los déficits no responde a la realidad. Si se hubieran computado, el trasvase del Ebro sería innecesario, según Andrés Sahuquillo, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y vocal del Consejo Nacional del Agua, informa Inmaculada G. Mardones.

El profesor, junto a otros tres colegas que representan en el Consejo a la comunidad universitaria, votó contra el plan. Con anterioridad, había remitido al Ministerio de Medio Ambiente un informe donde fundamenta su rechazo al trasvase del Ebro.

Critica el análisis de los recursos del Júcar basado en el modelo OPYIGES desarrollado por su propia universidad, ya que sólo tiene en cuenta las aguas superficiales. 'Las demandas atendidas con aguas subterráneas no se consideran o sólo se hace en parte', dice el profesor. No le extraña que se computen las aguas superficiales como deficitarias. Otra de las consecuencias de no incluir los acuíferos es que no se computan adecuadamente sus drenajes a los ríos en muchos tramos, ni los retornos de los riegos o abastecimientos.

Falsas conclusiones

'Con los resultados de la simulación no es posible concretar la localización y características de los déficits ni su variación a lo largo del periodo simulado. No permiten sacar conclusiones definitivas ni sugerir alternativas distintas a las adoptadas. Resulta insuficiente hacerse idea de la respuesta y funcionamiento real de un sistema tan complejo e importante como el de la cuenca del Júcar', añade.

El análisis del profesor sobre la asignación del agua a trasvasar para cada zona también es contundente. Los 20 hectómetros cúbicos destinados a Castellón-Norte responden a una decisión previa, dice Sahuquillo. La demanda agrícola está muy sobreestimada. El comportamiento de los acuíferos de los Llanos de Vinaròs y Oropesa-Torreblanca no ha cambiado en los últimos 10 o 15 años. Sus problemas de salinidad no se derivan de una sobreexplotación. El espesor de la capa de agua dulce es pequeño pero al ser los pozos excesivamente profundos toman agua salina de las calizas infrayacentes del acuífero.

En cuanto a los 40 hectómetros atribuidos a La Vall d'Uixó-Moncofa, Sahuquillo reitera su diagnóstico de que no se tiene en cuenta el uso actual de las aguas subterráneas; a las superficiales se les asigna una demanda de 180 hectómetros cúbicos que no pueden satisfacer. Cree que con el aprovechamiento de los acuíferos y mejorando la eficiencia de los riegos, como ya se está haciendo, 'el déficit podría anularse o quedar muy reducido'. Lo mismo puede decirse de los 220 hectómetros cúbicos restantes para Albacete y Alicante.

Las cuentas tampoco le salen al profesor. Tras desmenuzar el coste final del agua trasvasada, concluye que el precio del metro cúbico oscilará entre las 84 y las 209 pesetas, una cantidad que no resiste la competencia del agua desalada.