EU defiende la autodeterminación del pueblo vasco y rechaza la violencia en un documento sobre terrorismo

El debate de un documento político sobre el terrorismo de ETA y el estudio de iniciativas en torno a los problemas de los inmigrantes tras la reciente entrada en vigor de la Ley de Extranjería centraron la reunión de la Comisión Permanente de Esquerra Unida del País Valencià que se celebró ayer por la tarde en Valencia, en la que también se estudiaron los planes de trabajo presentados por los responsables de las diferentes áreas y secretarías de la formación que dirige Joan Ribó.

El documento sobre el terrorismo de ETA, aprobado hace tres semanas por el Consejo Federal de Izquierda Unida (IU), ha sido remitido, para su discusión, a todas las organizaciones federadas con el fin de unificar posturas en torno al asunto.

Joan Ribó explicó que el mencionado documento pone de manifiesto la postura de EU 'de rechazo total a los comportamientos de ETA', porque 'no se puede plantear ningún objetivo político que conlleve la utilización de la violencia' y por considerar que la organización terrorista 'está destrozando el sistema democrático'. No obstante, el documento muestra diferencias con las posturas de los populares y los socialistas, al considerar que la autodeterminación constituye un 'derecho básico' del pueblo vasco que no debe ser relacionado con las 'fórmulas violentas'.

Respecto a los inmigrantes, la permanente de EU abordó la creación de un grupo de trabajo que se encargará de llevar a cabo un estrecho seguimiento de los problemas que ha generado la entrada en vigor de la Ley de Extranjería y que, según Ribó, 'intentará ofrecer a la sociedad soluciones positivas' en este terreno, con la lucha contra el trabajo clandestino y la explotación de los inmigrantes como principales objetivos. También se propone que los ayuntamientos empadronen a los inmigrantes y que las diferentes legaciones diplomáticas -consulados y embajadas- puedan tramitar la regularización de la situación de los inmigrantes sin papeles sin obligarles a regresar a sus países de origen. Todo ello para que estas personas gocen de contratos legales y tengan garantizados los derechos de cualquier trabajador.