La juez investigará si Movilma recibió una subvención irregular

La Audiencia de Barcelona ha dictado un auto en el que ordena al Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona que investigue si la empresa Movilma recibió una subvención irregular de más de 11 millones de pesetas del Departamento de Trabajo de la Generalitat para realizar tres cursos de formación mientras estaba en suspensión de pagos. La subvención se concedió el 12 de julio de 1996 y fue revocada dos años después porque Movilma no justificó esos cursos. El Departamento de Trabajo reclamó entonces a Movilma el dinero y los intereses.

La decisión de la Sección Octava se produce después de que la titular del juzgado, María del Carmen García Martínez, archivase una querella que presentaron por este supuesto delito las hermanas Helena e Isabel Fígols Berruezo contra Dagoberto Moreno, ex administrador de Movilma, la empresa que trabajó para diversas administraciones gobernadas por el PSC y con la que estaban vinculados algunos dirigentes de ese partido en un proceso penal que levantó una tormenta política local, pero que no pasó del juzgado. El caso no llegó a juicio y todos los implicados fueron exculpados de los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes.

Pero al margen de ese proceso, las hermanas Fígols -administradoras de dos sociedades que impartían cursos de formación- presentaron otra querella contra Dagoberto Moreno y dos personas más. Estos últimos han quedado exculpados, pero en el caso de Moreno, la Audiencia ordena a la juez instructora que reabra el caso y practique todas las diligencias que hagan falta.

Pujana, exculpado

Además de Moreno, en la querella se acusaba también al ex alcalde de L'Hospitalet Juan Ignacio Pujana de un supuesto delito de tráfico de influencias presuntamente cometido al perjudicar a las hermanas Fígols. Igualmente se imputaba un tercer presunto delito de amenazas a Josep Brunet, que fue jefe del gabinete de alcaldía de Pujana durante su mandato. La Audiencia estima que en el caso de Pujana no existe ningún 'dato objetivo' para sustentar la acusación. Y aunque lo hubiese, precisa el tribunal, no sería suficiente para acusar al ex alcalde, porque Pujana no obtuvo beneficio económico. La Audiencia admite que las hermanas Fígols pudieron sufrir un perjuicio económico porque finalmente no organizaron esos cursos, pero precisa que de ningún modo puede afirmarse que Pujana se lucrase.

En cuanto a Brunet, las querellantes relataban que en una ocasión en la que hablaron con él, las amenazó y se llevó la mano a la chaqueta. Ese gesto, afirma la Audiencia, sería, a lo sumo, una falta. Los jueces recuerdan que las hermanas Fígols tardaron más de dos años en denunciar los hechos y que su decisión de darse de baja en el PSOE por esos hechos es un gesto de su 'sólida personalidad y coraje', pero precisan que no hubo delito.