Un juez aduce falta de contrato para no castigar un caso de explotación laboral
Nadie ha visto jamás que se explote a los inmigrantes indocumentados haciéndoles un contrato, aunque eso es lo que parece exigir un juzgado de lo social de Girona para poder castigar a la empresa que despidió a seis extranjeros sin papeles porque éstos denunciaron sus pésimas condiciones de trabajo. Eran sometidos a duras jornadas de 16 horas por un sueldo mísero de 300 pesetas la hora.
La sentencia llega a admitir que el caso ejemplifica la explotación a la que se somete a los extranjeros, pero concluye que sin mediar papeles no se les puede considerar trabajadores y, por lo tanto, el despido de que fueron objeto cuando denunciaron su situación no se puede tipificar como improcedente. La sentencia mantiene que su resolución no impide que la empresa sea objeto de una sanción administrativa por emplear a trabajadores sin permiso de trabajo, dado que esto sí que ha quedado demostrado en el juicio.
El juez admite que los seis trabajadores marroquíes, sin permiso laboral, trabajaron en la empresa Avícola Maria, de Palafrugell, entre los años 1999 y 2000. Fueron despedidos 'de palabra' del matadero de aves cuando, a través del sindicato CCOO, llevaron su situación de explotación al juzgado. La resolución judicial destaca 'las respuestas del representante de la empresa, llenas de falsedad, cuando no incluso de burla'.
La administradora de la sociedad, Ángeles Coll Budó, no compareció, aunque el juez no consideró que fuera causa para suspender el juicio. La empresa ha sido condenada a readmitir o indemnizar a otro trabajador extranjero al que sí se le hizo contrato después de un año de situación irregular. El juez ha sancionado la mala fe con que actuó la empresa durante el juicio, 'negando lo innegable', según la sentencia, con una multa de 50.000 pesetas y el abono de los honorarios de los abogados demandantes.
CC OO considera que la sanción es irrisoria comparada con el pingüe beneficio que obtuvo la empresa con la contumaz explotación de los inmigrantes. Bartomeu Compte, portavoz del sindicato en temas de inmigración, lamentó ayer que un grupo de trabajadores que ha trabajado duramente en el país por un sueldo miserable pueda verse ahora abocado a la expulsión. Compte mantiene que la ley tiene suficiente margen para que la sentencia fuera mucho más benévola con los inmigrantes y castigara con mayor dureza la actitud de la empresa.
Jordi Presas, dirigente de CC OO en Girona, aseguró que 'hay empresas que se están especializando en la explotación de mano de obra inmigrante y eso hay que cortarlo inmediatamente'. El líder sindical aseguró que el hecho demuestra que no hace falta ir a Murcia o a El Ejido para encontrar este tipo de situaciones. CC OO recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
