La Junta se opone al cierre de la incineradora de León

El Gobierno de Castilla y León, presidido por Juan José Lucas, no está dispuesto a permitir el cierre de la única planta incineradora de animales de la comunidad, de carácter privado. Las presuntas anomalías y deficiencias en los sistemas de vertidos y emisiones de humos han hecho que el alcalde de la localidad donde está ubicada, Cabreros del Río, ordene su paralización temporal, a la espera de que se efectúen algunas mejoras técnicas. La planta no sólo incinera animales de la comunidad, sino también de otras limítrofes, como el País Vasco y Navarra.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Medio Ambiente, José Manuel Fernández Santiago, fue ayer tajante y aseguró que Rebisa no se cerrará, por una cuestión de 'seguridad ciudadana'. Fernández Santiago pidió 'sensatez' al alcalde del pueblo, Matías Llorente, y una 'recapacitación' seria y profunda de la orden dada, que hoy se hará efectiva a las 11 de la mañana.

Si la empresa Rebisa no cumple la orden municipal de cierre de forma inmediata, el próximo lunes el propio alcalde, apoyado por los tres concejales del PP y otros tantos socialistas, interpondrá una denuncia ante la fiscalía de León por delito ecológico.

El vicepresidente de la Junta calificó la actitud del edil de 'hostigamiento' e 'insolidaridad' con los ganaderos. 'Haremos lo que sea para que no se cierre la planta. Cumple todos los requisitos o está en el plazo de cumplirlos', dijo.

Fernández Santiago aseguró que Rebisa ha sido una de las tres plantas inspeccionadas por la UE. Ayer se eliminó en ella una res procedente de Zamora, afectada del mal de las vacas locas. El vicepresidente de la Junta anunció la puesta en marcha en breve de otras tres plantas de similares características en la comunidad y se mostró partidario de la incineración de los animales y 'excepcionalmente' de un enterramiento masivo.

El alcalde de Cabreros manifestó que mantiene su postura por coherencia política y por 'utilidad a los habitantes del pueblo'.