Un poco más allá

Las condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) a la gran fusión entre Endesa e Iberdrola son probablemente las únicas que pueden garantizar que no se deteriora la escasa competencia en el sector eléctrico español. La limitación de la capacidad de producción al 35% del mercado peninsular, del 40% del total de clientes, la prohibición de que la venta de activos eléctricos sobrantes se haga mediante intercambio y la imposición de que el proceso de desinversión sea rápido -seis meses- son recomendaciones que compensan con creces el enorme desequilibrio que produce la fusión de las dos grandes compañías eléctricas que, al menos inicialmente, seguirán operando principalmente en el mercado español. Si Economía respeta e impone estas recomendaciones, pocas objeciones cabrá hacer desde el punto de vista de la salvaguarda de la competencia.

Pero, una vez conocidas las recomendaciones del TDC, que el Gobierno debería respetar aunque no sean vinculantes, la cuestión relevante es si la operación es rentable para inversores y accionistas. Las fusiones suelen realizarse para conseguir ventajas competitivas en mercados abiertos o para retribuir a los accionistas. Éste no parece ser el caso Endesa-Iberdrola. No es sólo el Gobierno el que tiene que decidir sobre la fusión; también los consejos de administración de ambas compañías deberían reexaminar la operación a la luz de los nuevos criterios políticos. No dejaría de ser un fraude que se ejecutara por empecinamientos personales, razones políticas o estrategias ajenas a las empresariales.

El dictamen del TDC debería ser, puesto que advierte del fracaso de la liberalización eléctrica, punto de partida para que el Gobierno reflexione sobre los cambios que deben introducirse en el mercado eléctrico y se lance de una vez a promoverlos. El principal debería ser el de separar la propiedad de la red de distribución de la de las empresas que van a comercializar la electricidad; porque la identidad de ambas es la raíz de los comportamientos monopolísticos. Sobre el tratamiento político de la regulación, cada vez resulta más evidente que no puede quedar al albur de dictámenes específicos para operaciones de compra o fusión, sino que se requiere una norma legal permanente de aplicación universal a todas las eléctricas. Si se quiere acabar de una vez con la sensación de arbitrariedad y de cambio de criterios, hay que partir del dictamen del TDC y atreverse a ir un poco más allá.