La Comisión de Ayuda al Refugiado afirma que España necesita 300.000 inmigrantes al año
'España, el país que tendrá la media de edad más elevada del mundo en el año 2050, deberá acoger cuatro millones de inmigrantes hasta 2020 (12 millones durante el próximo medio siglo), si quiere mantener el equilibrio entre [ciudadanos] activos y jubilados. Esto plantea la necesidad de 240.000 a 300.000 inmigrantes por año'. Ésta es una de las conclusiones del Libro Blanco de la inserción laboral de refugiados e inmigrantes, que ayer presentó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En el acto estuvieron presentes los líderes de CC OO y UGT y el secretario general de Empleo.
El documento de la CEAR es demoledor con la política del Gobierno. Recuerda que hay más españoles residiendo fuera de nuestras fronteras que extranjeros en España, que es, además, el país de la Unión Europea con menor porcentaje de inmigrantes. Y añade: 'Hoy, como ayer, la consigna Santiago y cierra España es el santo y seña de la política de inmigración, con la represión como único argumento, sin planes de integración, ajena a las necesidades que el envejecimiento de la población plantea'.
En este sentido, califica de paradójica 'la cerrazón' del Ejecutivo. Subraya que nuestro índice de fecundidad es el más bajo del mundo (1,07) y nuestra población la más envejecida de Europa. 'España necesita a corto plazo mano de obra inmigrante que mantenga el equilibrio entre población activa y jubilados', subraya. Y se refiere a tres estudios en los que la ONU, el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística plantean la necesidad de cuatro millones de trabajadores activos suplementarios en el año 2020.
Idéntico criterio sostiene un informe del BBVA. El segundo mayor banco español afirma que mantener la tasa de dependencia en los niveles actuales requeriría unos flujos migratorios de en torno a 300.000 personas. 'En 2050 España habrá perdido nueve millones de habitantes y la tasa de dependencia superará el 50%', afirma. Es decir, habrá más personas mayores de 65 años que activos en edad de trabajar, frente al 24,5% actual.
Con fundamento en todos estos datos, la CEAR insiste en que es necesario un contingente anual de 240.000 a 300.000 inmigrantes, frente al cupo anual de 30.000 y 973 refugiados autorizados por el Gobierno en 1999. '¿Cómo es posible', se pregunta, 'que España rechace una mayor apertura del flujo migratorio y de refugiados cuando es de imperiosa necesidad para el equilibrio y desarrollo socieconómico del país?'.
Política de integración
No obstante, admite que aumentar los contingentes anuales sin una política de integración social no sólo no resuelve el problema, sino que incluso puede agravarlo. 'Aumentar los contingentes es una respuesta interesada que puede favorecer la necesidad de mano de obra de los empresarios, pero que al mismo tiempo crea un problema mayor' sin la existencia de esa política por parte de la Administración.
A la hora de apuntar soluciones señala el caso de Francia, cuyo consejo de ministros decidió, en noviembre de 1998, proporcionar formación profesional a los inmigrantes (inicialmente de Marruecos, Mali y Senegal) asentados irregularmente en su suelo. Por esta medida, los irregulares disponen de un permiso de estancia mientras dura el curso y cuentan con una subvención de 2.000 francos (unas 50.000 pesetas). Después regresan a sus países de origen a ejercer su profesión y disponen de visados que les garantizan el regreso a Francia por períodos de hasta tres meses. 'Esta decisión, que quiebra la política del 'cierre de fronteras' en el país vecino, cambia el enfoque tradicional de represión por el de colaboración y ayuda al desarrollo', afirma el Libro Blanco.
El documento no olvida mencionar los esfuerzos del Gobierno para impermeabilizar su frontera sur: 5.000 millones en Ceuta, otros 5.000 en Melilla y 25.000 más en control y vigilancia del paso del Estrecho y Fuerteventura. Todo este dinero, además del presupuesto ordinario. Y constata que esas medidas no han sido suficientes para evitar la entrada de 200.000 inmigrantes sin papeles que pidieron su regularización en 2000.
Esta imposibilidad de frenar a los inmigrantes puede explicar las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, organismo con sede en Ginebra según el cual unos tres millones de indocumentados viven repartidos entre España, Portugal, Italia y Grecia, territorios que sirven de paso hacia otros países.
'España', dice el documento, 'no acepta la inmigración de los que carecen de recursos económicos y se aviene a aceptar unos pocos que alivien la necesidad de mano de obra de las empresas'. Y ello a pesar de que, según un informe encargado por el Imserso a la Universidad de Comillas y otro de la Generalitat de Cataluña, los inmigrantes regularizados aportan a la Hacienda pública más del doble del dinero que reciben.
Ante esta situación, los empresarios y políticos regionales son quienes reclaman mayores contingentes a la Administración central. 'Estas peticiones', acusa el documento, 'ponen en evidencia la incompetencia del Instituto Nacional de Empleo (Inem), incapaz de intermediar más allá del 15% de las ofertas que recibe, y que deja desiertas 270.000 ofertas anuales 'por falta de trabajadores'. Según la CEAR, en esa incompetencia radica en parte la proliferación de las empresas de trabajo temporal, de las contratas de empresas auxiliares a las UTEs (Unión de Empresas Temporales) y de los intermediarios comarcales, 'verdaderos capos que buscan y contratan personal, no siempre ajustándose a la normativa laboral, en otras zonas y regiones'.
