Otro frente

Por si el Gobierno de Aznar tuviera pocos frentes abiertos, la Audiencia Nacional acaba de provocarle un incendio de extensión imprevisible por el lado de las retribuciones de la función pública. No contaba el presidente Aznar con que la conflictiva decisión, tomada pocos meses después de estrenarse, de congelar los salarios de los funcionarios del Estado para 1997 tuviera, más de tres años después, un efecto de retracción. El principio de que las desgracias nunca vienen solas rige también en política. Nunca se sabe, en realidad, si los obstáculos son mayores o si parecen más altos de lo que son por la falta de impulso del Gobierno para saltarlos. En este caso, el Gobierno ni siquiera puede atribuir el nuevo contratiempo a la perversa maldad de la progresía infiltrada en el poder judicial.

Con toda probabilidad la sala -que se ha precipitado en afirmar la imposibilidad de recurrir la sentencia- va a aceptar el recurso de casación del Gobierno. Y será el Tribunal Supremo el que decidirá. El asunto va para largo y el Gobierno no lo tiene perdido. Pero en la complicada coyuntura en que se está moviendo el Gabinete de Aznar, rodeado de 'cositas' por todas partes, las consecuencias políticas de esta sentencia son indudables: al presidente se la reabre una vía de conflictividad con los sindicatos, con la función pública y con todas aquellas corporaciones autonómicas y locales que desafiaron, entonces, la decisión del Gobierno. Un nuevo frente para el desgaste. Porque no será fácil que los beneficiados se resignen a no cobrar lo que la Audiencia Nacional les concede.

La deriva presidencialista de nuestra monarquía bicéfala -el rey y el presidente electo-, que inició Felipe González y prosiguió con entusiasmo José María Aznar, ha tenido entre sus consecuencias un desdibujamiento paulatino del poder legislativo. Las mayorías absolutas han contribuido eficazmente a reducir al Parlamento a una simple muleta de apoyo de los gobernantes. Este desequilibrio en el sistema de poderes ha hecho que, ante la incapacidad del Parlamento para enfrentarse al Gobierno, el poder judicial apareciera a menudo como el único control real del Ejecutivo. Las sospechas de politización de la justicia han sido el ruido de acompañamiento que ha agravado la anomalía. Y los gobernantes han asistido complacientes a la tarea de desprestigio del poder judicial por parte de sus más ruidosos voceros. Al fin y al cabo, la filosofía espontánea de todo gobernante estaría por la unidad de poderes con simple división de funciones, aunque no todos se atrevan a reconocerlo en democracia. El sufragio universal es la coartada que el Ejecutivo utiliza para un fin nada democrático: situar su legitimidad por encima de la del poder judicial.

Pero parece que la convicción de que el poder legislativo es de segunda división, alcanza a veces también a los jueces. Por ejemplo, en la sentencia en cuestión. Desde el sentido común, que a veces poco tiene que ver con la razón jurídica, parece razonable que se reconozca a un acuerdo -en este caso el pacto entre un Gobierno y los sindicatos- el valor de un contrato. Y que el Estado tenga que responder de lo que firma. Un cambio de mayoría no debería significar que se pierdan derechos reconocidos. Y un aumento salarial lo es. Y en caso contrario, debería operar alguna forma de compensación.

Sin embargo, la negociación salarial de los funcionarios afecta al Presupuesto del Estado. Y éste es aprobado por el Parlamento. El Gobierno puede comprometer los dineros públicos hasta cierto límite. Un Gobierno puede perder su mayoría entre el momento de acuerdo y el momento de la plasmación presupuestaria del mismo. El acuerdo que el Gobierno socialista firmó con los sindicatos, era, para el ejercicio de 1995, un compromiso firme con correlación presupuestaria, pero para 1997, como defiende el voto particular de la sentencia, difícilmente puede entenderse que fuera más que una orientación o una directriz. Aunque sólo sea como caso hipotético, una mayoría parlamentaria, aunque parezca mentira en un régimen como el nuestro, podría tumbar un presupuesto del Gobierno. ¿Y, entonces, que valor tendría lo pactado por el Gobierno? En este caso, no lo tumbó porque el Gobierno había cambiado y la mayoría parlamentaria también. Pero aprobó un presupuesto que establecía otros criterios para la remuneración salarial.

El Gobierno paga ahora la prepotencia de entonces, al no incluir la retribución de los funcionarios en la negociación colectiva. Con medio billón de pesetas en juego, el conflicto está garantizado.