La abogada del sindicato utilizó argumentos de la OIT
La decisión política de presentar un recurso contra la congelación salarial aplicada por el Gobierno del PP partió de los dirigentes de la función pública de CC OO. La defensa técnica y los argumentos que han convencido al tribunal son obra de un equipo de tres abogados, encabezado por Carmen Perona, experta en derecho administrativo y letrada de la federación de enseñanza del sindicato. Junto a ella, han trabajado Luis Cordobilla y Carlos Rodrigo, abogados de la federación de administración pública de esta central.
Perona vio fundamentos sólidos para recurrir a los tribunales cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respaldó las tesis de los sindicatos. CC OO y UGT presentaron en marzo de 1997 una queja ante el organismo internacional por la congelación salarial aplicada ese año a los empleados públicos. La OIT, en la que están representados los Gobiernos, los empresarios y los sindicatos, dio la razón a las centrales y dictó una recomendación al Ejecutivo español instándole a cumplir los acuerdos de 1994.
Cuando CC OO constató que el Gobierno desestimaba el informe de la OIT, sus letrados se pusieron en marcha y en mayo de 1997 presentaron un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. La iniciativa sindical no inquietó en su momento a la Administración. Carmen Perona asegura: 'El Gobierno no nos tomo en serio cuando anunciamos el recurso. No creía que íbamos a seguir adelante. Pensó que era un mero pataleo'.
Indiferencia del Gobierno
Ese desprecio no les arredró. Perona y sus compañeros estaban convencidos de que sus argumentos tenían posibilidades de encontrar eco ante los magistrados.
Ahora muestran similar confianza en que los recursos que anuncia el Ejecutivo no van a prosperar. La letrada de CC OO sostiene que jurídicamente no cabe apelación: 'El Gobierno se está inventando cosas que no vienen en ninguna ley'. Respecto a la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, Perona afirma que el único posible debe basarse en 'el interés de ley', previsto para casos referidos a intereses generales o que sienten una doctrina errónea. En su criterio, el fallo afectaría a sentencias posteriores, pero no a ésta que considera firme.
Además, Perona confía en que no se acepte el recurso porque hay un antecedente en un caso sobre equiparación salarial entre el personal docente de Euskadi y del resto de España. En cuanto al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la abogada dice que no cabe, ya que en este caso no se dilucida la violación de derechos fundamentales.
