Por un nuevo Pacto de Toledo

Existe bastante confusión y una cierta complacencia en la sociedad respecto a la situación actual del sistema de pensiones. La consecuencia inmediata es que el debate público existente sobre la renovación del Pacto de Toledo, que ha de establecer las bases futuras del sistema, no está siendo lo suficientemente intenso. En ciertos ámbitos se piensa que el Pacto de Toledo de 1995 y la expansión económica de los últimos años han resuelto definitivamente el problema. Esta opinión se sustenta en que los últimos estudios pronosticaban aumentos del déficit del sistema de pensiones, incluso en el corto plazo, que parecen incompatibles con la situación actual. Como resultado, tampoco habría que preocuparse de las predicciones de estos estudios y sus revisiones posteriores, que muestran que el sistema actual no es sostenible en el medio y largo plazo.

En realidad, esta visión complaciente es completamente errónea por tres razones: I) el superávit actual ha sido el resultado de un cúmulo de circunstancias que difícilmente se van a repetir en el futuro, II) las medidas acordadas en el Pacto de Toledo no han servido para controlar el aumento del gasto en pensiones, y III) la evolución del gasto a largo plazo sigue siendo tan preocupante, sino más, que hace cinco años.

En la actualidad, nuestro sistema de pensiones contributivas presenta un superávit de ingresos por cotizaciones sobre gastos. Hace cinco años, era a la inversa y había razones para pensar que el deterioro aumentaría. Pero el superávit actual es un espejismo, ya que es resultado de tres factores: I) un aumento notable del PIB, que ha permitido una reducción de los gastos como porcentaje de esta variable, II) un descenso de los pensionistas que causan alta en el sistema, como consecuencia del menor recurso a las jubilaciones anticipadas (que disminuyen en las fases expansivas del ciclo económico) y del menor tamaño de la generación que ahora está próxima a la edad de jubilación (que son los nacidos durante la Guerra Civil), y III) el traslado a los Presupuestos del Estado de ciertas partidas (gasto sanitario), que antes se financiaban con cotizaciones sociales. La aparente suficiencia financiera del sistema en la actualidad podría incluso aumentar en los próximos años si los complementos de mínimos pasan definitivamente a financiarse con cargo a impuestos (lo que aumentaría el déficit del Estado) en vez de con cotizaciones. Pero esto no significa que las necesidades de financiación del gasto social, en su conjunto, vayan a disminuir.

Las medidas contempladas en el Pacto de Toledo y plasmadas en el Acuerdo de Consolidación de 1996 y en la Ley de Consolidación de 1997 han supuesto, si acaso, un aumento modesto del gasto, aunque a largo plazo podrían implicar una reducción igualmente pequeña. En lo relativo al superávit o déficit del sistema español de pensiones contributivas, hay que dejar claro, por tanto, que el Pacto de Toledo ha sido, y será mientras subsista en su formulación actual, inocuo. En otros frentes, este Pacto parece haber sido más negativo que positivo; no ha conseguido evitar la politización de las pensiones (recuérdense las polémicas de 1997, 1998 y 1999), ni ha logrado que las pensiones en vigor crezcan al mismo ritmo que el IPC como establecía el pacto (en tres de sus cuatro años de vigencia han crecido más, generando un coste adicional para el sistema durante los próximos 15 o 20 años). Tampoco ha contribuido a fomentar un debate riguroso e informado sobre las pensiones.

Por lo que se refiere a las perspectivas futuras de ingresos, el peso de las cotizaciones sociales en el PIB se mantendrá estable, no existiendo margen de maniobra para incrementarlo a menos que se eleven los tipos efectivos medios de las mismas. En cuanto al gasto en pensiones, es necesario tener en cuenta los tres factores que determinan su evolución en términos del PIB. El primer factor es el demográfico: en la actualidad, la población mayor de 65 años supone cerca del 25% de la población de 16 a 64 años. Incluso si la tasa de fecundidad se recuperara hasta 1,5 hijos por mujer y el número de inmigrantes fuera de 100.000 al año, la población mayor de 65 años aumentaría progresiva y continuadamente hasta representar el 56% de la población en edad de trabajar en 2050. El segundo factor es la tasa de empleo (la población ocupada en relación con la población de 16 a 64 años), que en hoy se sitúa cerca del 58%. Incluso si se alcanzara el pleno empleo (por ejemplo, una tasa de empleo del 75%, mayor que la de EE UU y casi 20 puntos superior a la que tiene la economía española hoy), dadas las previsiones demográficas anteriores, habría unas 87 pensiones contributivas por cada 100 ocupados, puesto que la relación entre el número de pensiones y la población mayor de 65 años es de 1,16.

El tercer factor es la relación entre la pensión media y la productividad media que, en la actualidad, es del 17% y que, en ausencia de cambios normativos, y aun con una tasa más elevada de crecimiento de la productividad, aumentará en el futuro por la entrada de pensionistas con historias de cotización más completas. En definitiva, bajo este escenario, el gasto público en pensiones contributivas, que hoy supone alrededor del 9%, superaría ampliamente el 15% del PIB, una cifra que difícilmente se puede financiar sin poner en peligro la estabilidad económica y social.

A estos sencillos cálculos se les pueden achacar muchas deficiencias. Pero los que venimos estudiando este problema intensamente durante los últimos años, todavía no hemos visto unas estimaciones alternativas (basadas en criterios actuariales o de otro tipo) que nos convenzan de que nuestra preocupación por la viabilidad financiera del sistema de pensiones es injustificada. La puesta a disposición de los analistas de los datos microeconómicos, hasta ahora secretos, contribuiría a profundizar el conocimiento sobre este tema y a zanjar definitivamente buena parte de la polémica.

Todos deseamos que las pensiones que los futuros jubilados puedan disfrutar sean lo más elevadas posible. Pero ni siguiendo la 'estrategia del avestruz' ni descalificando a los que pretenden contribuir a enriquecer el debate se puede lograr este objetivo. El problema es tan grave que cualquier aportación sería bienvenida y cuanto más y con mejor información se debata, más fácil será para la sociedad española encontrar una solución eficiente y equitativa. Sería muy decepcionante que la renovación del Pacto de Toledo fuera una nueva oportunidad perdida.Existe bastante confusión y una cierta complacencia en la sociedad respecto a la situación actual del sistema de pensiones. La consecuencia inmediata es que el debate público existente sobre la renovación del Pacto de Toledo, que ha de establecer las bases futuras del sistema, no está siendo lo suficientemente intenso. En ciertos ámbitos se piensa que el Pacto de Toledo de 1995 y la expansión económica de los últimos años han resuelto definitivamente el problema. Esta opinión se sustenta en que los últimos estudios pronosticaban aumentos del déficit del sistema de pensiones, incluso en el corto plazo, que parecen incompatibles con la situación actual. Como resultado, tampoco habría que preocuparse de las predicciones de estos estudios y sus revisiones posteriores, que muestran que el sistema actual no es sostenible en el medio y largo plazo.

En realidad, esta visión complaciente es completamente errónea por tres razones: I) el superávit actual ha sido el resultado de un cúmulo de circunstancias que difícilmente se van a repetir en el futuro, II) las medidas acordadas en el Pacto de Toledo no han servido para controlar el aumento del gasto en pensiones, y III) la evolución del gasto a largo plazo sigue siendo tan preocupante, sino más, que hace cinco años.

En la actualidad, nuestro sistema de pensiones contributivas presenta un superávit de ingresos por cotizaciones sobre gastos. Hace cinco años, era a la inversa y había razones para pensar que el deterioro aumentaría. Pero el superávit actual es un espejismo, ya que es resultado de tres factores: I) un aumento notable del PIB, que ha permitido una reducción de los gastos como porcentaje de esta variable, II) un descenso de los pensionistas que causan alta en el sistema, como consecuencia del menor recurso a las jubilaciones anticipadas (que disminuyen en las fases expansivas del ciclo económico) y del menor tamaño de la generación que ahora está próxima a la edad de jubilación (que son los nacidos durante la Guerra Civil), y III) el traslado a los Presupuestos del Estado de ciertas partidas (gasto sanitario), que antes se financiaban con cotizaciones sociales. La aparente suficiencia financiera del sistema en la actualidad podría incluso aumentar en los próximos años si los complementos de mínimos pasan definitivamente a financiarse con cargo a impuestos (lo que aumentaría el déficit del Estado) en vez de con cotizaciones. Pero esto no significa que las necesidades de financiación del gasto social, en su conjunto, vayan a disminuir.

Las medidas contempladas en el Pacto de Toledo y plasmadas en el Acuerdo de Consolidación de 1996 y en la Ley de Consolidación de 1997 han supuesto, si acaso, un aumento modesto del gasto, aunque a largo plazo podrían implicar una reducción igualmente pequeña. En lo relativo al superávit o déficit del sistema español de pensiones contributivas, hay que dejar claro, por tanto, que el Pacto de Toledo ha sido, y será mientras subsista en su formulación actual, inocuo. En otros frentes, este Pacto parece haber sido más negativo que positivo; no ha conseguido evitar la politización de las pensiones (recuérdense las polémicas de 1997, 1998 y 1999), ni ha logrado que las pensiones en vigor crezcan al mismo ritmo que el IPC como establecía el pacto (en tres de sus cuatro años de vigencia han crecido más, generando un coste adicional para el sistema durante los próximos 15 o 20 años). Tampoco ha contribuido a fomentar un debate riguroso e informado sobre las pensiones.

Por lo que se refiere a las perspectivas futuras de ingresos, el peso de las cotizaciones sociales en el PIB se mantendrá estable, no existiendo margen de maniobra para incrementarlo a menos que se eleven los tipos efectivos medios de las mismas. En cuanto al gasto en pensiones, es necesario tener en cuenta los tres factores que determinan su evolución en términos del PIB. El primer factor es el demográfico: en la actualidad, la población mayor de 65 años supone cerca del 25% de la población de 16 a 64 años. Incluso si la tasa de fecundidad se recuperara hasta 1,5 hijos por mujer y el número de inmigrantes fuera de 100.000 al año, la población mayor de 65 años aumentaría progresiva y continuadamente hasta representar el 56% de la población en edad de trabajar en 2050. El segundo factor es la tasa de empleo (la población ocupada en relación con la población de 16 a 64 años), que en hoy se sitúa cerca del 58%. Incluso si se alcanzara el pleno empleo (por ejemplo, una tasa de empleo del 75%, mayor que la de EE UU y casi 20 puntos superior a la que tiene la economía española hoy), dadas las previsiones demográficas anteriores, habría unas 87 pensiones contributivas por cada 100 ocupados, puesto que la relación entre el número de pensiones y la población mayor de 65 años es de 1,16.

El tercer factor es la relación entre la pensión media y la productividad media que, en la actualidad, es del 17% y que, en ausencia de cambios normativos, y aun con una tasa más elevada de crecimiento de la productividad, aumentará en el futuro por la entrada de pensionistas con historias de cotización más completas. En definitiva, bajo este escenario, el gasto público en pensiones contributivas, que hoy supone alrededor del 9%, superaría ampliamente el 15% del PIB, una cifra que difícilmente se puede financiar sin poner en peligro la estabilidad económica y social.

A estos sencillos cálculos se les pueden achacar muchas deficiencias. Pero los que venimos estudiando este problema intensamente durante los últimos años, todavía no hemos visto unas estimaciones alternativas (basadas en criterios actuariales o de otro tipo) que nos convenzan de que nuestra preocupación por la viabilidad financiera del sistema de pensiones es injustificada. La puesta a disposición de los analistas de los datos microeconómicos, hasta ahora secretos, contribuiría a profundizar el conocimiento sobre este tema y a zanjar definitivamente buena parte de la polémica.

Todos deseamos que las pensiones que los futuros jubilados puedan disfrutar sean lo más elevadas posible. Pero ni siguiendo la 'estrategia del avestruz' ni descalificando a los que pretenden contribuir a enriquecer el debate se puede lograr este objetivo. El problema es tan grave que cualquier aportación sería bienvenida y cuanto más y con mejor información se debata, más fácil será para la sociedad española encontrar una solución eficiente y equitativa. Sería muy decepcionante que la renovación del Pacto de Toledo fuera una nueva oportunidad perdida.

Miguel Sebastián es director del Servicio de Estudios del BBV; José Antonio Herce, de FEDEA. Este artículo también está firmado por Manuel Balmaseda, servicio de Estudios del BBVA. Juan José Dolado, Universidad Carlos III. Sergi Jiménez, Universidad Carlos III. Juan Francisco Jimeno, Universidad de Alcalá y FEDEA. Omar Licandro, FEDEA. Namkee Ahn, FEDEA. Simón Sosvilla, FEDEA. David Taguas, Servicio de Estudios de BBVA. Patry Tello, Servicio de Estudios de BBVA.Miguel Sebastián es director del Servicio de Estudios del BBV; José Antonio Herce, de FEDEA. Este artículo también está firmado por Manuel Balmaseda, servicio de Estudios del BBVA. Juan José Dolado, Universidad Carlos III. Sergi Jiménez, Universidad Carlos III. Juan Francisco Jimeno, Universidad de Alcalá y FEDEA. Omar Licandro, FEDEA. Namkee Ahn, FEDEA. Simón Sosvilla, FEDEA. David Taguas, Servicio de Estudios de BBVA. Patry Tello, Servicio de Estudios de BBVA.