Hijos de la sociedad

Me refiero a esos menores con edades comprendidas entre los 14 y 16 años que, además de ser hijos de sus padres, por sus especiales circunstancias de vida, también son hijos de nuestra sociedad, en el sentido de que ésta debe responsabilizarse de ellos.

Como abogado defensor de menores, he podido constatar que, en un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro, ni las leyes de educación, ni las de bienestar social tutelan a los menores conflictivos entre 14 y 16 años. Durante esta edad, los menores tienen el deber (y también el derecho) de asistir a la escuela, pero de hecho no lo hacen sino que se convierten en 'carne de prisión'.

Las circunstancias de vida de esos menores casi siempre son las mismas: viven en chabolas o en pisos sin agua corriente ni luz, en familias numerosas totalmente desestructuradas, con ausencia del padre o de la madre, con hermanos mayores delincuentes habituales, familias marcadas por el paro y por la droga. Estos menores, que se crían en la calle, prácticamente solos, ni siquiera tienen opción al fracaso escolar porque no asisten a la escuela. Privados de todo tipo de educación, se enfrentan a una sociedad que no les ofrece nada. El resultado es la situación de grave riesgo en que se encuentra ese menor, abocado a la cárcel, en muchos casos sin posibilidad de reinserción.

Como creo que la sociedad también es responsable, por eso me dirijo a ella, para llamar la atención sobre esos hijos suyos, 'nuestros', que, desde que nacen, carecen de lo mínimo para satisfacer sus necesidades básicas, y entre ellas, especialmente, la educación.

Pienso que el conjunto de la sociedad, toda la comunidad, debe tomar conciencia de que esos 'menores conflictivos' son también hijos suyos. Sólo desde la movilización social se logrará que nuestros representantes políticos adopten, con con carácter prioritario, las medidas necesarias que permitan realizar un seguimiento constante del menor y una intervención educativa directa en cada uno de ellos, a fin de integrarles en actividades no sólo formativas, sino también lúdicas, de ocio y tiempo libre.

La sociedad debe ofrecerse, sin reservas, a solucionar este grave problema y a exigir a los legisladores y a los políticos que, de inmediato, busquen la forma de garantizar el derecho a la educación de esos menores, comprometiéndose a proporcionar los medios económicos necesarios para que esos adolescentes, esos hijos suyos, reciban la educación que necesitan, para ser orgullo, y no víctimas, de nuestra comunidad.

Rafael Venegas Caruana es presidente de la Asociación Valenciana para la Defensa del Menor