California, un emporio a luz de gas

La semana pintaba mal para los californianos. El lunes, el gobernador Gray Davis pregonó lo que todos sabían, que la desregulación del sector eléctrico en California constituye un 'descomunal y peligroso fracaso' que amenaza con dejar a oscuras a millones de personas y frenar la mayor economía del país. Esas palabras fueron seguidas el martes por una cumbre energética en Washington para intentar salvar de la crisis al más importante Estado norteamericano. El miércoles se filtraron ideas para posibles acuerdos, sin que hubiera nada sólido. El jueves, Davis se reveló profeta: unos dos millones de californianos de la zona de San Francisco y del Silicon Valley tuvieron que cortar el consumo para evitar un apagón total. El viernes creían poder volver a respirar. En lo que respecta a la electricidad, California vive al día, sin saber qué esperar (pero temiendo que lo malo pase a peor) para el siguiente.

El calor del verano y el frío de este invierno han hecho saltar los fusibles del sistema eléctrico californiano, desregulado en 1996 en una operación que ahora se considera 'un descomunal y peligroso fracaso', en palabras del gobernador. 'Ha producido precios por las nubes, tarifas de estafa y un suministro no fiable. En una palabra, una pesadilla energética'.

Los californianos consumen un 25% más de energía de la que producen, el grueso de ella generada, en California y fuera del Estado, por compañías no californianas que imponen tarifas de mercado a unas distribuidoras que, por ley, no pueden repercutir los costes al consumidor. Las dos principales, Pacific Gas & Electric y Southern California Edison, alegan que ese orden de cosas les ha hecho acumular casi 12.000 millones de dólares de deudas desde la primavera. A principios de semana, los consumidores pagaban a razón de 64 dólares por un megavatio/hora que a las compañías les costaba 307. Pacific y Edison advierten que están sin liquidez. El miércoles, Pacific dijo que en las próximas ocho semanas tiene que hacer frente a facturas por valor de 2.210 millones de dólares y que no dispone ni de la cuarta parte.

'Que los proveedores y la comunidad financiera lo sepan: rechazo la idea de que podemos permitir que nuestras principales compañías eléctricas quiebren', anunció el gobernador el lunes en Sacramento. 'La quiebra significaría que millones de personas se quedarían sin luz. La seguridad pública estaría en peligro. Cerrarían negocios... y nuestra economía sufriría un golpe devastador'.

Potenciales desastrosas consecuencias para la que 'no hay una solución fácil', dijo Davis antes de plantear una serie de medidas de choque que van desde el recorte en el consumo a la creación de un organismo público en California que genere y administre la electricidad. El gobernador ofreció 250 millones de dólares para subvencionar la sustitución en las casas de electrodomésticos poco eficaces con vista a ahorrar un 7% de electricidad al año. 'Estoy dispuesto a recurrir a los poderes de defensa del bien público para impedir que los generadores dejen a los consumidores a oscuras y lleven a la quiebra a las distribuidoras', señaló. 'Nunca más volverán los especuladores de fuera del Estado a tener a California como rehén'.

Silencio total sobre lo que más esperaban oír las distribuidoras, noticia de una emisión de bonos que les ayude a hacer frente a los costes disparados de la energía. Lo único que han logrado es un incremento en los precios a los consumidores que oscila entre el 7% y el 15% cuando habían reclamado alzas de hasta el 30%, con el aviso de que en los próximos dos años necesitarán subidas de en torno al 70%.

Para el segundo cuadro del drama, la escena se traladó el martes a Washington. Los actores eran pesados, convocados por Bill Clinton: el secretario del Tesoro, el de Energía, el propio Davis, los directivos de las eléctricas y una batería de políticos y técnicos. Durante siete horas, prolongadas el miércoles con reuniones de expertos, se pasó revista a la situación y se barajaron salidas.

Las eléctricas, distribuidoras (cargadas con 12.000 millones de deudas) y productoras (pendientes de cobrar esa cantidad) querían a toda costa arrancar a Davis un compromiso de dedicar dineros públicos a la crisis. 'Seis o siete veces' dijo el gobernador que le preguntaron si estaba dispuesto a emitir bonos. 'Les dije que no, que no voy a hacer ninguna promesa'.

De momento, los 'especuladores de fuera del Estado', en palabras de Davis, cuyos beneficios se dispararon en el último trimestre, pero cuyas cotizaciones en bolsa han caído por la incertidumbre de si van a cobrar las sumas que se les deben, parecieron dispuestos a perdonar parte de las deudas o a cobrarlas a más largo plazo. También se barajó la posibilidad de pactar un precio constante a largo plazo, unos nueve años, que sería mucho más bajo que el que ahora se carga, pero que con el paso del tiempo podría ser muy lucrativo para los productores.

A la espera de arreglos políticos, las compañías distribuidoras han acudido a los tribunales a reclamar contra la ley que les impide repercutir a los consumidores las tarifas que les aplican las compañías generadoras.